Casi
17 horas después de su detención, un adulto de 37 años escuchó la
medida cautelar ordenada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. “Ha
lugar la prisión preventiva, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”, ordenó el juez Franco Reyes.
Mientras
permanezca en la cárcel, el imputado será investigado por abusar
sexualmente de una niña de siete años. Además lo formalizaron por
escupir, amenazar y golpear a los funcionarios de la PDI que lo
arrestaron.
Antecedentes de la investigación
Los
hechos habrían ocurrido en la casa interior que el imputado compartía
con su conviviente, quien cuidaba de la niña por encargo de su madre. En
horas de la mañana el hombre habría aprovechado un momento de ausencia
de su pareja para arremeter contra la víctima, quien sufrió tocamientos
en su zona genital y por debajo de la ropa.
La
niña develó la agresión cuando se reunió con su madre. Los hechos se
denunciaron a la PDI y alrededor de las 19.20 horas la unidad
especializada concurrió al domicilio para concretar la detención.
El
individuo –que se encontraba en estado de ebriedad– se habría negado a
cubrir su rostro con mascarilla y dio patadas a un subcomisario en la
vía pública. Después lo trasladaron a constatar lesiones, donde propinó
escupitajos y un frentazo en el rostro a otro funcionario.
“El
imputado puso resistencia al procedimiento y agredió a oficiales
aprehensores, siendo detenido de manera flagrante”, indicó la
subprefecta y jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales,
Elvira Aranda.
Encarcelado
Tras pasar la noche en los calabozos del cuartel policial, la Fiscalía le comunicó que sería investigado
por abuso sexual. Además le imputaron cargos por propagar contagio a
sabiendas, maltrato y amenazas a funcionarios en ejercicio de sus
funciones.
Por
la multiplicidad de delitos y el amplio prontuario del imputado –que
tiene condenas por robo e incluso la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas lo benefició con la libertad condicional en 2018–, solicitaron
que se impusiese la prisión preventiva mientras se extendiesen las
indagatorias.
La
defensa cuestionó la veracidad de la denuncia y argumentó que la
investigación aún era incipiente para decretar una medida cautelar
gravosa. Sin embargo, el tribunal se inclinó por la posición del
Ministerio Público.