Ayer,
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó que un sujeto de
iniciales C. W. L. sea enviado a la cárcel. El individuo sería el
responsable de una serie de delitos de violencia intrafamiliar en contra
de su expareja y su familia.
Su
detención se produjo en la tarde del sábado. Según el parte policial,
llamó por teléfono a quien fuera su cónyuge y la amenazó de muerte: “Voy
para allá y te voy a dejar la c…”, habría dicho. Atemorizada a que
cumpla con sus dichos, la mujer llamó con celeridad a Carabineros.
Al hacer la llamada, el imputado tenía dos órdenes de alejamiento a la
víctima. La primera de ellas se impuso a mediados de mayo, cuando los
tribunales de Garantía y Familia lo obligaron a abandonar el domicilio
común y a acercarse a su familia por una denuncia de abuso sexual que
habría cometido contra su hija.
Un
mes después, el hombre quebrantó la medida cautelar y lo formalizaron
por desacato. El juez Juan Villa ordenó una segunda prohibición de
acercamiento a su exesposa.
Aunque
conocía las resoluciones del tribunal, el imputado se apersonó en el
domicilio de su exconviviente, ubicado en la Población Mauricio Braun.
Según el parte, agarró un neumático en el jardín, golpeó la puerta de
acceso y destruyó la chapa. Después se dirigió a otro punto de acceso y
propinó una patada, rompiendo un vidrio.
Mientras
los daños se perpetraban, la víctima reiteraba sus llamados a
Carabineros, quienes finalmente concretaron la detención en las
inmediaciones de la casa.
Ayer,
la fiscal Wendoline Acuña –que en paralelo investiga la denuncia por
presunto abuso sexual– formalizó al individuo por desacato, daños y
amenazas, todos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). Además,
solicitó al tribunal que se impusiese la prisión preventiva mientras se
extiendan las indagatorias.
“Estamos
en una situación riesgosa para la víctima y su hija. El imputado no
obedece las medidas cautelares”, dijo la fiscal Acuña. “Pone en serio
riesgo la integridad física y psíquica de la señora víctima”, agregó.
Aunque
la defensa argumentó que la medida era desproporcionada, el juez
Ricardo Larenas se inclinó por la posición del Ministerio Público. Por
acuerdo de las partes, se fijó un plazo para la investigación de dos
meses.
Concluida la audiencia, el imputado abandonó la comisaría bajo custodia de Gendarmería.