Casi
tres meses después de recuperar su libertad, Christian Fernández
Mendoza tendrá que regresar al Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
Ayer el Juzgado de Garantía le impuso la prisión preventiva mientras sea
investigado por el robo de un vehículo.
Los
hechos habrían ocurrido en la tarde del domingo. Un vecino del Barrio
18 de Septiembre lavaba el Kia Sorento de su madre, que se encontraba
estacionado en la vía pública. A las 16.10 horas decidió ingresar a su
domicilio, pero dejó las llaves al interior del automóvil. La
oportunidad fue aprovechada por el imputado, quien abordó el vehículo y
huyó del lugar.
La
víctima vio la situación desde su vivienda y persiguió al joven, de 25
años. La persecución fue breve: el imputado perdió el control en la
esquina de Diego Portales con Márquez de la Plata e impactó contra un
Chevrolet estacionado.
El
procesado continuó su huida a pie. Corrió tres cuadras, pero la víctima
y otros vecinos lo alcanzaron. Tras ser reducido, Carabineros llegó al
lugar y concretó el arresto.
El
joven fue puesto a disposición del tribunal con el rostro golpeado.
Antes de ser formalizado, interpuso una denuncia en contra de las
personas que participaron de la detención ciudadana. “Me masacraron, me
hicieron ‘tira’ por todos lados. Ni siquiera me dieron el beneficio de
explicarles por qué tomé el auto”, alegó.
Aunque
su denuncia se remitió a la Fiscalía, el ente persecutor inició una
investigación en contra suya por robo de vehículo motorizado. Como
medida cautelar solicitaron al tribunal que se impusiese la prisión
preventiva.
“La
libertad del imputado debe ser considerada como peligrosa para la
seguridad de la sociedad. Además concurre el peligro de fuga”, dijo el
fiscal Sebastián González.
De
acuerdo con los antecedentes de la formalización, el imputado –que
tiene antecedentes por robo en lugar habitado y riña– cumple una pena
por hurto a través de la libertad condicional. El beneficio fue otorgado
en agosto pasado.
Aunque
la defensa alegó que la investigación era aún incipiente para decretar
la cárcel, el juez Juan Villa acogió la solicitud del Ministerio
Público. Durante los 75 días que se prolonguen las indagatorias el
procesado estará recluido en el recinto penal.