Seis
meses estuvo prófugo de la Justicia un sujeto identificado por las
iniciales J.P.A., a quién a inicios de este año el Ministerio Público
formuló cargos en su contra por el delito de abuso sexual consumado en
grado de reiterado en perjuicio de dos menores de edad.
El
individuo había sido formalizado en marzo de este año, instancia en que
la fiscal Wendoline Acuña dio a conocer los antecedentes, revelando que
el imputado agredió sexualmente en 2018 a las dos hijas de su
exconviviente, de 14 y 17 años.
Pese
a que el ente persecutor había solicitado que fuese decretada la
prisión preventiva en su contra, el juez de Garantía determinó en
aquella ocasión dejarlo en libertad, con otras medidas cautelares de
menor intensidad.
Aquello
conllevó a que la fiscal Acuña decidiera interponer un recurso de
apelación ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con el objetivo
de revertir el fallo de primera instancia, situación que fue favorable,
determinando los ministros del máximo tribunal magallánico que la
libertad de J.P.A. constituía un peligro para la seguridad de la
sociedad, ordenando finalmente su encarcelamiento y oficiando al Juzgado
de Garantía emitir la orden de detención.
Sin
embargo, al enterarse de lo sucedido, el sujeto desapareció del mapa,
quedando inubicable desde el 21 de marzo, hasta el martes 22 de
septiembre, cuando efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos
Sexuales de la Policía de Investigaciones logró dar con su paradero en
una parcela del sector sur de Punta Arenas.
Durante
la mañana de ayer, se controló la detención del imputado, y se dio la
orden de ingreso, siendo enviado directamente al Complejo Penitenciario
de Punta Arenas a cumplir con su medida cautelar.