El
Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó al Fisco a pagar 100
millones de pesos a un hombre que sufrió crímenes de lesa humanidad
durante el Gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. El caso fue elevado
este martes a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie respecto de
la sentencia.
La
demanda -patrocinada por el abogado Juan José Arcos- fue interpuesta a
favor de José Luis Pacheco Cisternas, quien fue detenido en una de las
marchas que prosiguieron al “Puntarenazo”.
El
27 de marzo del 1984 el demandante fue detenido por funcionarios del
Ejército en el centro de Punta Arenas mientras participaba de una
protesta. Durante el procedimiento lo redujeron por la espalda y fue
apuntado con un fusil. Bajo amenazas de disparo fue obligado a tumbarse.
Después lo golpearon y perdió la conciencia.
Despertó
junto a otros 89 manifestantes en el calabozo de la antigua cárcel
pública de la ciudad. Lo procesaron por supuestamente incurrir en un
maltrato de obras a funcionarios y estuvo recluido por 22 días.
Según
la demanda, “lo vivido en dicha cárcel es imborrable”. Durante su
estadía en la cárcel sufrió insultos y escupitajos por parte de sus
custodios. También fue víctima de simulacros de fusilamiento y golpes
que provocaron desmayos. Compartía una celda para dos personas con otros
cinco reclusos. Las luces se mantenían apagadas durante las 24 horas
del día y lo privaron de alimentación razonable.
Indemnizado
El
demandante -que está incluido en la Nómina de Personas Reconocidas como
Víctimas en el Informe Valech- interpuso en junio de 2020 una demanda
ante la justicia civil magallánica. Solicitó una indemnización de 200
millones de pesos por conceptos de daño moral.
El
término probatorio se prolongó por más de un año. Finalmente, el 10 de
febrero el Estado fue condenado a pagar 100 millones de pesos más
reajustes e intereses corrientes.
Descontentos con el fallo, el Consejo
de Defensa del Estado (CDE) recurrió a la Corte de Apelaciones para que
se revierta la sentencia. El recurso -que fue remitido este lunes-
alega que el demandante ya ha sido indemnizado por el Fisco a través del
Bono Valech.
El
demandante Arcos rebate ese argumento: “La Corte Interamericana hace de
lado que el Estado no puede unilateralmente, a través del aparato
legislativo o ejecutivo, fijar los montos de indemnización, sino que
esto debe ser fijado por un tribunal de justicia”, dice.
El
CDE también alega que el monto por daño moral resulta excesivo,
considerando que hay presos políticos de la isla Dawson que recibieron
$3 millones de las arcas fiscales.
El
abogado Arcos señala que “es un tema que lo tiene que tratar la
jurisprudencia, pero nosotros tenemos varios fallos que se han ido
estableciendo respecto de estos casos”.