Tras
infringir la Ley de Migración y Extranjería, funcionarios del
Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas
dieron cumplimiento a la expulsión administrativa del territorio
nacional a un ciudadano colombiano identificado como Anderson Rayo,
quien cometió delitos en la capital de la Región de Magallanes.
“Los
detectives trasladaron al ciudadano extranjero hasta el aeropuerto de
Santiago y ayer abordaron un vuelo internacional a la ciudad de Bogotá,
Colombia, materializándose la medida de expulsión existente en su
contra, ordenada por el Servicio Nacional de Migraciones”, expresó el
subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y
Policía Internacional Punta Arenas.
Delitos
El
ciudadano extranjero de 21 años comenzó su prontuario delictual en el
país en 2019, en el marco de las manifestaciones sociales de octubre,
donde fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Robos
Punta Arenas por los delitos cometidos en el centro de la ciudad que
afectaron la sucursal de BancoEstado, edificio que fue decretado como
zona típica en 1991. Identificado por las cámaras de seguridad, provocó
daños en los ventanales que fueron avaluados en 35 millones de pesos. El
contexto de esta situación significó un agravante para el imputado por
cometer estos actos con ocasión de conmoción pública y en edificios de
patrimonio de la ciudad.
De
este modo, en noviembre de 2020 el imputado fue condenado a la pena de
200 días de reclusión menor en su grado mínimo, como autor del delito de
daños simples y a la pena de 100 días de reclusión menor en su grado
mínimo como autor del delito de desórdenes públicos. Casi un
año más tarde, el ciudadano colombiano fue condenado en agosto de 2021 a
la pena de 541 días de presidio como autor del delito de hurto simple.
Mientras cumplía esta última pena, Anderson se enfrascó en una pelea que
concluyó en un fuerte golpe en la nariz de la víctima, quien debió ser
trasladada al Hospital Clínico de Magallanes por la Unidad de Servicios
Especiales Penitenciarios de Gendarmería. Allí se le constató una
fractura nasal reducida que requirió intervención quirúrgica y lo dejó
incapactiado por al menos un mes.
Todo
estos hechos desembocaron en la aplicación de la medida de expulsión
administrativa, lo que le permite regresar a su país a realizar una vida
normal, pero incluye una prohibición de ingreso al territorio nacional
por 25 años.