Tras
pasar el fin de semana recluido, Francisco Ruiz Cárdenas pudo abandonar
el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La Corte de Apelaciones
confirmó la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Garantía, por lo
que estará bajo arresto domiciliario total mientras sea investigado por
tráfico de drogas y cultivo de cannabis sin autorización.
El
imputado –que se desempeñó como seremi de Gobierno y del Trabajo y
Previsión Social durante el primer mandato de Michelle Bachelet–
arriesgaba cumplir con prisión preventiva. El jueves pasado, la unidad
OS-7 de Carabineros le descubrió 13,5 kilos de marihuana, 39 plantas de
cannabis y tres millones de pesos en dos domicilios.
El
viernes le formalizaron cargos y el fiscal Manuel Soto solicitó la
medida cautelar más intensa que contempla la ley. Argumentó que la seguridad
de la exautoridad era riesgosa para la seguridad de la sociedad y que
los delitos imputados eran merecedores de altas penas.
El
defensor Leonardo Vallejos alegó que la prisión preventiva era
excesiva, pues no se acreditaba una conducta de tráfico. En esa
oportunidad alegó que la droga era usada por una familiar del imputado
para fines medicinales.
El
juez Cristián Armijo se inclinó por la posición de la defensa e impuso
el arresto domiciliario total. “No se puede desprender del solo cultivo o
la cantidad de droga que él haya estado traficando”, dijo el viernes
pasado.
La
Fiscalía apeló verbalmente para que fuese la Corte la que se
pronunciase respecto a las medidas cautelares. Mientras se resolvía su
situación procesal, Ruiz Cárdenas fue enviado transitoriamente a la
cárcel.
La
sala estuvo compuesta por las ministras María Isabel San Martín y Paola
Oltra, además del abogado integrante Rolando Lizana. En un escueto
fallo resolvieron que “atendido el mérito de los antecedentes, de los
cuales se desprende la necesidad de cautela (…) se puede cumplir con la
medida decretada por el señor juez, esto es, el arresto domiciliario
total”.
Confirmado el fallo del magistrado Armijo, el imputado abandonó la prisión para cumplir con la reclusión total en su casa.
La Fiscalía lo investigará durante 90 días.