Minutos antes del mediodía de este lunes se dio inicio a la
audiencia de control de detención en contra de un individuo identificado por
las iniciales F.A.S.Z., de 49 años, quien fue detenido la tarde del domingo
tras ser sorprendido estrangulando a su conviviente en un domicilio de la
población Manuel Chaparro.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal Sebastián
González, los hechos acontecieron a eso de las 13,25 horas, al interior de una
pieza de una vivienda de calle Cóndor que tanto el imputado como la víctima
arrendaban, momento en que el sujeto, que se encontraba ebrio, sostuvo una
discusión con la mujer, y sin mediar provocación alguna, la tomó de sus brazos
y la arrojó sobre una cama, para luego tomar una almohada y comenzar a
presionarla sobre su rostro, para luego ahorcarla con sus dos manos en el cuello.
Fueron los gritos de auxilio de la mujer los que alertaron a
los propietarios del inmueble, quienes acudieron en su ayuda y lograron apartar
al agresor de la víctima, solicitando la concurrencia de Carabineros al lugar.
Dos desacatos y causas vigentes
Debido a lo anterior, el persecutor solicitó la imposición
de la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que el imputado
registra tres causas pendientes por violencia intrafamiliar, y que también
quebrantó la prohibición de acercarse a la mujer dictada tanto por el Juzgado
de Hualaihué, en la Región de los Lagos; y por el Juzgado de Punta Arenas en
mayo de este año.
Además aseguró que ha existido una escala de violencia por
parte del individuo y una reticencia absoluta a respetar las medidas cautelares
impuestas por los tribunales. Indicó que registra condenas del año 2016 por
desacato en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), y en 2015 como autor de
amenazas también en contexto VIF.
Pese a que la defensora Vania Cáceres se opuso al encarcelamiento
de su representado, el magistrado Juan Villa ponderó los antecedentes expuestos
por el Ministerio Público y consideró que sí hubo una intención homicida,
estimando que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de
la sociedad y de la víctima, ordenando el ingreso del imputado al Complejo
Penitenciario de Punta Arenas, estableciendo finalmente un plazo de 90 días
para el cierre de la investigación.