El
7 de febrero de 2020, un voraz incendio consumió la Casa de los Derechos Humanos, inmueble ubicado en Avenida Colón y declarado Monumento Histórico. Aunque el siniestro fue ocasionado por terceras
personas, la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación.
“El
Palacio de la Risa”, como era conocido entre los agentes represivos,
fue la sede central del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la
región. Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
“fue el principal centro de torturas e interrogatorios de hombres y
mujeres en Magallanes”.
El
incendio partió a las siete de la mañana y Bomberos batalló contra las
llamas durante tres horas, pero el siniestro consumió los tres niveles
del inmueble. El informe preliminar de los voluntarios indicaba que se
originó por terceras personas y la Seremi de Bienes Nacionales se
querello contra los presuntos responsables.
El
Ministerio Público instruyó al Laboratorio de Criminalística (Labocar)
de Carabineros a que periciase el lugar. Aunque su informe coincidió con
la conclusión de Bomberos sobre la intencionalidad del incendio, no se
pudo individualizar a ningún sospechoso.
Por
ello, ayer la Fiscalía decidió no perseverar en sus indagatorias. “La
Fiscalía no pudo recopilar antecedentes que permitan la identificación
de un imputado a quien formalizar”, dijo el persecutor jefe de Punta
Arenas, Fernando Dobson.
En
la audiencia asistió la propia seremi de Bienes Nacionales, Francisca
Rojas, y la abogada de la cartera, María Angélica Fonseca. Esta última
indicó que el incendio afectó “no solamente el patrimonio fiscal, sino
que cultural, histórico y al sitio de la memoria en Punta Arenas
respecto a la violación de los derechos humanos”.