El
fiscal del Ministerio Público, Sebastián González, confirmó ayer a
Diario El Pingüino, que se inició una investigación de oficio por las
presuntas irregularidades en Capredena de Punta Arenas.
El
persecutor indicó que “tomamos conocimiento a raíz de una publicación
de una nota de prensa, en ese sentido se abrió una investigación de
oficio, medida que decidió adoptar el fiscal regional”.
El
fiscal González agregó que “estamos solicitando todos los antecedentes a
Contraloría y a la misma Caja de Previsión de Defensa Nacional, con la
finalidad que nos pongan en conocimiento todos los antecedentes que se
están investigando, con lo cual analizaremos si existe algún tipo de
delito, como también si existe la participación de funcionarios públicos
en la comisión de algún ilícito. Contraloría está realizando un sumario
administrativo, por lo que hemos solicitado los insumos que han tenido a
mano para realizar este sumario, y conforme nos llegue esa información
vamos a citar a todos los involucrados al Ministerio Público para
declarar”.
Sumario
La
Contraloría Regional de la República había denunciado una serie de
acciones irregulares por parte del personal de Capredena Punta Arenas
durante 2018. En el documento de la entidad fiscalizadora, se explica
que en Capredena Punta Arenas hubo un amplio uso irregular de fondos en
el período fiscalizado desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y
por lo mismo, se ordenó un sumario, el cual está en procedimiento desde
el 15 de octubre de 2019. Con respecto al detalle, en primera instancia
indica que los montos rendidos por la agente regional, no se condicen y
resultan desproporcionados en comparación con los valores que cobran las
líneas de radiotaxi por los recorridos realizados, arrojando
diferencias de hasta 400%. Se explica, que la situación es ocasionada
por la vulnerabilidad que presenta el uso de vales de taxi que pueden
ser completados de forma manual, en lugar del documento emitido por el
taxímetro, exigido mediante la resolución N° 46, de 1993, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.
También
tuvo palabras para la agente regional de Capredena Punta Arenas,
constatando que solicitó fondos para la contratación a honorarios de una
persona, la cual fue abuela de sus hijos. El proceso fue convenido,
pagado y aprobado por la propia agente regional, para trabajos
realizados en la vivienda fiscal de la cual hace uso.
Además
de esto, el documento indica que no existe documentación que permita
evidenciar la ejecución efectiva de las labores conducta que contraviene
el principio de probidad consignado en el artículo 62, de la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, y a lo dispuesto mediante dictámenes N° 23.929, de 2015, y
41.579, de 2017, de la Contraloría de la República.
El
informe continúa con la agente regional, asegurando que realizó
gestiones para contratar la empresa de su hermano. “Efectuó los pagos, y
validó
las planillas de los fondos fijos donde se rinden 5 facturas emitidas
por la Sociedad Sersotec SpA., todo por trabajos por los cuales no
existe documentación que permita evidenciar su ejecución, conducta que
no se condice con lo dispuesto en el artículo 62, de la ley N° 18.575,
ni con lo establecido en los dictámenes N° 23.929, de 2015, y 41.579, de 2017, de este Organismo de Control”, detalla el documento.