Desde las oficinas del municipio, el alcalde
Claudio Radonich se conectó al Juzgado de Garantía para escuchar la
formalización en su contra. La Fiscalía le comunicó que sería
investigado por apropiación de cotizaciones previsionales.
A
Radonich le imputaron cargos en su calidad de presidente del directorio
de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa). El secretario
general de la entidad, Segundo Álvarez, también fue formalizado.
De
acuerdo con el Ministerio Público, entre septiembre de 2019 y octubre
de 2020 la Cormupa descontó desde las remuneraciones de sus trabajadores
casi 44 millones de pesos. Los dineros tenían que ser pagados a
Banmédica, que era la previsión donde estaban inscritos los funcionarios
de la corporación.
Según
el fiscal encargado de las indagatorias, Sebastián González, las
autoridades se “apropiaron de dicho dinero y, en definitiva,
perjudicaron a la isapre indicada”.
El conflicto
judicial se originó a partir de una querella interpuesta por Banmédica.
En marzo, sus abogados desistieron de la acción, pues la deuda de las
cotizaciones previsionales ya estaría pagada.
Sin embargo, la Fiscalía continuó con la persecución penal y formalizó a Radonich y Álvarez. Según los defensores, el objetivo era llegar a un acuerdo reparatorio con Banmédica, pero los querellantes se ausentaron de la audiencia.
Por
ello, el tribunal agendó una nueva cita para el 2 de noviembre. “Es
obligatoria la asistencia -les recordó el juez Juan Villa-,si no asisten
podría despacharse una orden de detención”.
Nuevos antecedentes
El alcalde y el secretario general de la Cormupa debieron ser formalizados ayer por malversación de caudales públicos.
Ambos
son objeto de una investigación que se remonta a la administración de
Emilio Bocazzi. El 2016, los gremios de profesionales de la educación se
querellaron en contra “de todos quienes resulten responsables” por no
recibir sus créditos sociales en la caja de compensación.
De
acuerdo con el fiscal González, existirían nuevos antecedentes para
formalizar a los imputados. Una nueva querella fue presentada por los
gremios de la educación de la Cormupa, pero aún no está proveída.