Formalizan a dueño de arma que se disparó accidentalmente y mató a pescador

La mañana de ayer, el Ministerio Público formalizó como
autor del delito de porte ilegal de arma de fuego y del cuasidelito de lesiones
con resultado de muerte a un pescador artesanal, quien en abril del año pasado
fue parte de un confuso accidente que terminó con la vida de uno de los
tripulantes que lo acompañaba en sus labores.

Según relató en la audiencia el fiscal Oliver Rammsy, los
hechos ocurrieron cerca de las 15,30 horas del 23 de abril de 2019, cuando la
lancha a motor Francis Drake, dedicada a la extracción del centollón en zona de
pesca, se encontraba fondeada en la isla Santa Isabel.

Fue en ese momento cuando los tripulantes, Helmut Cárcamo
Gallardo, César González Velásquez y en este caso el imputado identificado como
Nasario Raín Ñancupel decidieron bajar a la isla a buscar una oveja para
faenar, para lo cual, este último llevó consigo una escopeta de procedencia
rusa calibre 12, la cual la dejó cargada y sin contar con guardamontes, que es
una parte que rodea al gatillo, protegiéndolo de un disparo accidental.

Según aseguró el fiscal Oliver Rammsy en la audiencia, el
imputado le pasó esta arma “de forma imprudente y negligente” a Helmut Cárcamo
para que la lleve hasta la embarcación, quien carecía del conocimiento mínimo
para transportar un arma cargada. Fue así que este último le pasó la escopeta con
el cañón hacia adelante al tercer tripulante, César González, quien se
encontraba en un bote auxiliar a remo, quien recibió el arma, disparándose el
único tiro que impactó de lleno en la zona abdominal, provocándole una herida
traumática complicada, que afectó a los intestinos delgado y grueso, entre
otros órganos, y que finalmente le causó la muerte.

Cabe señalar que el imputado no mantenía permisos para
portar esta escopeta de acuerdo a lo que exige la Ley de Control de Armas, y
cuya inscripción se encontraba vencida desde 2008.

Por lo anterior, el magistrado Cristian Armijo decretó la
medida cautelar de arraigo regional, y decretó un plazo de 90 días para el
cierre de la investigación.

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