En
la mañana de este lunes la Fiscalía formalizó al representante legal de
Inversiones Australes Spa, la empresa que se adjudicó el contrato del
servicio de locomoción colectiva en Punta Arenas entre 2017 y 2020.
El
imputado Roberto Rodríguez Silva será investigado por apropiación de
cotizaciones previsionales, cuyo monto alcanzaría los 52 millones de
pesos. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dispuso que cumpla con
firma mensual mientras se tramite la causa.
Querella
La
denuncia surge a partir de una querella interpuesta por el abogado
Ramón Ibáñez, quien representa a 33 extrabajadores de Inversiones
Australes.
De
acuerdo a la acción, las víctimas fueron contratadas entre 2017 y 2018
para trabajar en labores de conducción, mecánica y aseo de los buses de
locomoción colectiva. Sus contratos tenían carácter de indefinidos, pues
fueron incluidos a partir del contrato de Subsidio al Transporte que
suscribió Vía Austral con el Ministerio de Transportes y que tenía
vigencia hasta enero de 2022.
Con
el transcurso de los años la empresa no habría pagado las cotizaciones
previsionales ni de salud. Tampoco se pagaron los feriados
proporcionales ni las horas extras. En el caso de los choferes, se
enfrentaron al mal estado en que estarían los buses.
Los
trabajadores se enteraron que el contrato entre Vía Austral y el
Ministerio de Transportes tuvo un término anticipado por decisión
estatal. Por ello decidieron renunciar entre el 30 de septiembre y el 2
de octubre de 2020. Cinco días después fueron despedidos por causal de
“caso fortuito o fuerza mayor”, sin el pago de sus cotizaciones.
Formalizado
El fiscal Oliver
Rammsy estuvo a cargo de investigar los hechos de la querella. En el
transcurso de las indagatorias obtuvo los datos de empresas externas que
se encargaban de generar las liquidaciones de sueldo de los
trabajadores, para posteriormente realizar los descuentos por
cotizaciones previsionales.
Tras
obtener antecedentes suficientes, ayer se formalizó a Rodríguez Silva
por apropiación de cotizaciones. De acuerdo a la parte querellante, los
montos defraudados alcanzan los 52 millones de pesos, aproximadamente.
El tribunal dispuso
que el imputado quede con firma mensual ante Carabineros mientras sea
investigado. Por acuerdo de las partes, el plazo para las indagatorias
se fijó en 120 días.