Desde
la Región de Valparaíso, el sujeto de iniciales J. A. T. A. se conectó
por vía telemática con el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para
escuchar la formalización en su contra.
El
sujeto –de 22 años de edad– fue imputado por los delitos de violación y
abuso sexual, los que habría cometido contra su sobrino.
Víctima de 8 años
Los hechos habrían comenzado en 2009, cuando la víctima tenía 8 años.
En
ese entonces el formalizado vivía en la Población Raúl Silva Henríquez.
El imputado habría abusado sexualmente de su sobrino, quien tenía 3
años menos que él, cuando éste lo iba a visitar a su casa.
Las
agresiones se habrían prolongado durante 5 años. De acuerdo a los
hechos narrados por el Ministerio Público, consistieron en tocaciones en
zona genital y penetración.
Los
presuntos abusos terminaron cuando la víctima superó los 13 años de
edad. “Conforme a su mayor crecimiento y maduración, el menor pudo
oponerse y evitar la continuidad de tales actos”, dijo el fiscal jefe de
Punta Arenas, Fernando Dobson.
Queda con arraigo
Las
violaciones y abusos sexuales habrían sido cometidas cuando el imputado
tenía menos de 18 años. Por ello, tendrá que ser juzgado con el sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente.
“Si
bien los hechos se inician en época que J. A. T. A. fue inimputable, se
reiniciaron alcanzada su edad de reproche penal, esto es, desde sus 14
hasta los 16 años de edad”, dijo el fiscal Dobson.
El
Ministerio Público solicitó que el presunto agresor quedase con la
prohibición total de acercamiento a la víctima. Además, propusieron que
quedase con arraigo regional.
La
defensa no discutió el impedimento de acercamiento, pero solicitó que
el imputado quedase habilitado para salir de la región donde vive.
“Proponemos
que el arraigo sea nacional. Eventualmente, el imputado necesite
trasladarse a otra región por motivos laborales o de estudio”, dijo el
abogado defensor, José Miguel Navarrete.
Tras
el debate, el juez Juan Villa decidió acoger la petición de la defensa.
Mientras duren los tres meses de investigación, el imputado no podrá
abandonar el territorio nacional.
Además, el magistrado impuso la prohibición de acercamiento a la víctima.