Ayer,
ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, compareció una joven mujer
que fue detenida en horas de la madrugada por personal de Carabineros
al mantener una orden de detención vigente.
Luego
de la individualización de los intervinientes, la imputada identificada denunció haber sufrido malos tratos a manos
de los funcionarios policiales, por lo que el Juzgado de Garantía
oficiará a la Primera Comisaría para que se investiguen los hechos.
Posteriormente,
se comunicó que se emitió una orden de detención por no haber
comparecido a una audiencia de formalización de cargos, por lo que se
decretó como ajustado a derecho el proceder policial al existir una
orden vigente de captura.
Tras
ello, la fiscal Johana Irribarra, le comunicó a la imputada que se
iniciaba una investigación en su contra por los siguientes hechos: “El
día 11 de marzo del 2024 a las 23 horas, aproximadamente, la imputada
conducía en estado de ebriedad y sin tener licencia de conducir un
vehículo Mazda Demio por Avenida Los Generales, de la ciudad de Punta
Arenas, cuando llegar a la intersección con Avenida Bulnes no se detuvo
ante la señal de tránsito y choco el vehículo Marca Mercedes Benz
conducido por C.C.M., resultando su vehículo con daños de consideración,
avaluados en más de 1 UTM. Adoptado el procedimiento, Carabineros
verificó el estado de ebriedad de la imputada”.
Se indicó que la prueba respiratoria arrojó 1.28 gramos de alcohol en la sangre.
Asimismo,
se señaló en la audiencia que según consta en el certificado de
antecedentes del conductor, mediante sentencia de enero del 2024 se le
suspendió la licencia de conducir por dos años, encontrándose dicha
sanción vigente en los hechos.
“La
calificación jurídica de los hechos es de conducción de vehículo
motorizado en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de
conducir, con resultado de daños, y además manteniendo prohibición de
conducir por la sentencia ya señalada, en grado de consumado y
participación en calidad de autora”, enfatizó el fiscal.
Posteriormente,
se solicitó aplicar la medida cautelar de arraigo regional, lo que no
fue objetado por la defensa. Se fijaron 60 días para el cierre de la
investigación.