Desde
la Región de Ñuble, debió comparecer la mañana de ayer un individuo,
quien fue formalizado por el Ministerio Público como autor de un delito
de grooming en perjuicio de una adolescente residente en Punta Arenas.
En
la audiencia, el fiscal Sebastián González le comunicó al imputado
identificado como Eduardo Hernán Troncoso Carrasco que se iniciaba una
investigación en su contra por los hechos ocurridos en diferentes
fechas, pero entre los meses de octubre a diciembre de 2018, cuando el
sujeto se contactaba con la víctima de 13 años de edad mediante la red
social Facebook y WhatsApp, entablando con ella conversaciones
inapropiadas con el fin de procurar su excitación sexual.
Al
respecto, el individuo le preguntaba a la niña si le gustaba hablar
respecto a temáticas sexuales o si le gustaría tener relaciones sexuales
con él, para luego pedirle el número de su celular, cuestión que ella
realizó.
Asimismo,
le solicitaba insistentemente fotografías de sus partes íntimas, lo que
la víctima no realizó. Pese a ello, el individuo sí le habría enviado
imágenes inapropiadas.
Posteriormente,
el 5 de noviembre del mismo año, Troncoso Carrasco la volvió a
contactar para pedirle nuevamente imágenes de su cuerpo, lo que se
repitió en reiteradas fechas de aquel mes, expresándole que él quería
tener relaciones con la niña, y haciéndole preguntas inadecuadas.
Finalmente,
en diciembre de 2018, el imputado le solicitó realizar una
videollamada, y otra vez le habría enviado fotografía de alto calibre
sexual.
Por
estos hechos, el representante del Ministerio Público le solicitó al
magistrado, Cristian Armijo, decretar en contra del individuo las
medidas cautelares de firma mensual ante personal de Carabineros, y la
prohibición de acercarse y de tener cualquier tipo de contacto con la
víctima.
A la
firma mensual, el defensor penal licitado José Miguel Navarrete se
opuso, ya que consideró que su representado compareció a la audiencia de
ayer a pesar de estar en otra región.
A
esto último accedió el juez de Garantía, quien finalmente le impuso a
Eduardo Troncoso Carrasco sólo la prohibición de acercarse y comunicarse
con la adolescente afectada, estableciendo un plazo de 90 días para que
el ente persecutor pueda sustentar la presente investigación.