El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, se reunió el viernes con las autoridades comunales y regionales, para compartir datos actualizados en cuanto a la realidad delictual del año.
En la ocasión se habló de un incremento importante en los delitos sexuales, aquellos asociados a la Ley de Tránsito con un alto número de víctimas fatales o con secuelas permanentes, y económicos. Sin embargo, una cifra que siempre está presente, son los ilícitos en contexto de violencia intrafamiliar.
La problemática de convivencia violenta en las cuales están insertas algunas parejas o grupos familiares, ayer, nuevamente quedó expuesta en los controles de detención, realizados en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
Un hombre y una mujer fueron detenidos el viernes en la noche, acusándose el uno al otro de agresiones en contra de su persona, por lo mismo, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual en la jornada de ayer, a través del fiscal Felipe Aguirre, fueron formalizados por ocasionar lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Según indicó el persecutor en el relato de los hechos, el viernes, alrededor de las 19.20 horas, en un domicilio ubicado en Punta Arenas, se habría producido una agresión mutua. Debido a esto, el hombre solicitó la presencia del personal policial, los cuales llegan al inmueble, se entrevistan con ambas personas, en donde cada uno dice haber sufrido agresiones por parte del otro. Carabineros observó que ambos presentaban lesiones, por lo que se inició el procedimiento de rigor, llevándolos a constatar lesiones.
En el recinto de salud se informó que la mujer resultó con lesiones leves, mientras que el hombre quedó con lesiones menos graves.
Para evitar que la situación se repita y escale en violencia, el fiscal Felipe Aguirre, solicitó para ambos la medida cautelar de prohibición de acercarse el uno al otro.
Cabe hacer presente que el persecutor complementó la solicitud de medidas cautelares, pidiendo que al hombre también se le prohíba portar armas de fuego, ya que el sujeto es funcionario de la Armada de Chile. El fiscal explicó que si bien no hubo uso de este elemento, considera pertinente hacer la solicitud cuando una de las partes tiene acceso a un arma de fuego.
Tras consultarlo con el imputado, la defensa no se opuso, ya que el sujeto se desempeña en el Área de a la Salud y no debe portar arma de fuego. Pese a esto, se adelantó que en el caso hipotético de que la institución se lo ordene, se presentará una solicitud al Tribunal para resolver la situación.
Con lo expuesto, el magistrado acogió las dos medidas cautelares solicitadas y se acordaron 60 días para el cierre de la investigación, junto con establecer una fecha para una audiencia de salida alternativa, ya que estarían las condiciones para ello.