Por
un delito de estafa será investigado el representante legal de
Constructora ACV. Según los antecedentes de la Fiscalía Local de Punta
Arenas, el ingeniero en construcción Arnoldo Contreras recibió 144
millones de pesos para la edificar una vivienda que jamás entregó.
La
víctima suscribió un contrato con el imputado en agosto del 2020 para
la construcción de una casa en Leñadura, sector sur de Punta Arenas. Se
pactó el pago de 152 millones durante los siete meses que durase el
vínculo.
Según
la fiscal encargada de la formalización, Wendoline Acuña, “el
contratista declara la experiencia y pericia tanto de él, como sus
agentes para cumplir las obligaciones emanadas del contrato y que
prestarán sus servicios de acuerdo con los más altos estándares técnicos
y profesionales”.
Los
trabajos se iniciaron en la fecha acordada y la constructora recibió un
pago inicial de 30 millones. Aunque la obra no presentaba mayores
avances, la víctima entregó otros dos cheques por 20 millones en enero y
febrero, respectivamente, para acelerar la construcción.
Posteriormente,
el afectado se reunió en la parcela con el contratista por el bajo
avance de las obras. Supuestamente, el imputado lo convenció a que le
extendiesen otros 77 millones de pesos para concluir las faenas. Según
la formalización, el constructor solo avanzó un 5% tras el millonario
pago.
“Actualmente
la casa se encuentra en el mismo estado de avance, que equivale
aproximadamente al 25%. El imputado no tiene intenciones de terminar
obra ni devolver el dinero que se le pagó. Señala que está en quiebra,
situación que es falsa, porque Constructora ACV no está registrada en el
registro de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”,
dijo la fiscal Acuña.
La
causa inició a partir de una querella interpuesta por los
representantes de la víctima. Tras reunir los antecedentes necesarios,
la Fiscalía formalizó al imputado por estafa. El Juzgado de Garantía de
Punta Arenas le impuso el arraigo regional y la firma mensual mientras
sea investigado. Se fijó un plazo de 90 días para las indagatorias.