Tras días de extensa espera, ayer fue formalizado en el Juzgado de Letras y Garantía de Natales el exdefensor público Rigoberto Marín Andrade, quien es investigado por cuatro casos.
Finalmente, el tribunal fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma semanal en las oficinas de la Fiscalía de Temuco.
En la audiencia de formalización se expusieron los cargos que se le imputan, que contemplan cuatro casos tipíficados como delitos por cohecho agravado de carácter reiterado.
Se indicó que Marín habría cobrado cuantiosas sumas de dineros para asegurar una adecuada defensa en algunas causas a sus representantes, además de realizar investigaciones paralelas a quienes consideró como “sus clientes”.
En julio del año anterior, Marín había sido nombrado defensor de Puerto Natales y una vez que se dio a conocer su caso, fue suspendido de sus funciones, siendo destituido de su cargo.
Los ilícitos se habrían cometido el 28 de agosto y 27 de septiembre de 2023, en el territorio jurisdiccional del tribunal natalino. Con ello, se concluye que el delito se cometió a los dos meses de haber asumido su puesto.
En el marco del proceso investigativo, fueron considerados las declaraciones de quienes fueron sus representantes. Una de ellas, habría reconocido que Marín estaba cobrando un monto de 2 millones de pesos con la finalidad de agilizar los trámites.
Una vez conocido este hecho, la Defensoría Penal Pública de Magallanes inició un sumario administrativo de control interno para aclarar cómo se desarrolló el procedimiento de los hechos.
El Ministerio Público solicitó en la audiencia la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Sin embargo, ésta no fue acogida por el tribunal, por lo que la Fiscalía recurrirá tras la resolución dictaminada.
“Creemos que es gravísimo lo realizado por el señor Marín Andrade; y bueno, será la Ilustrísima Corte de Apelaciones la que, en definitiva, resuelva sobre esta solicitud de medida cautelar de prisión preventiva”, señaló el fiscal Sebastián González Morales.
El Consejo de Defensa del Estado anunció que este caso, inaudito en nuestro país, sería el primero donde un defensor público es investigado por un caso de cohecho.
Las penas que arriesga parten en los cinco años de presidio.