Este sábado, se realizó la audiencia de control de cargos en contra
del imputado Wilfredo Álvarez Peña, quien fue detenido por Carabineros,
luego de haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad y haber
intentado sobornar a Carabineros, ofreciendo dinero para que no adopten
el procedimiento.
El
fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le comunicó al imputado
que se iniciaba una investigación en su contra. Según la Fiscalía,
“durante la madrugada del sábado, a eso de las 5.10 hrs. en
circunstancias que personal de Carabineros efectuaba un patrullaje por
la Plaza Muñoz Gamero, detectan la circulación del vehículo el cual lo
hacía contra el sentido del tránsito en dicho lugar, de manera que al
desplazarse a la intersección de Avenida España con Avenida Colón,
fiscalizan al conductor del vehículo, correspondiente al imputado, fue
así que se le solicita al conductor que se baje del móvil, percatándose
personal policial, que el imputado presentaba rostro congestionado,
hálito alcohólico y detectan
que la documentación del vehículo se encontraba vencida, como así
también el imputado no ha obtenido licencia de conducir. Al explicarle
el procedimiento, y en orden a la práctica de alcoholemia y que el
vehículo debía ser retirado de circulación, el imputado ofrece a los
funcionarios que practican este procedimiento, la suma de 25 mil pesos,
con la finalidad de que Carabineros deje de ejecutar el procedimiento
contra el imputado, situación que no solo se materializa
de manera verbal, sino que el imputado luego ingresa al vehículo,
entrega la cédula de identidad a los funcionarios policiales, entregando
junto a esta la suma de 25 mil pesos, en clara ejecución del soborno
ofrecido”.
A
juicio del Ministerio Público, los hechos representan los delitos de
conducción en estado de ebriedad, sin contar con licencia de conducir, y
también el delito de cohecho, cometido en manera activa, donde al
imputado le corresponde la calidad de autor.
Luego
de exponer los hechos, el fiscal solicitó que al imputado se le aplique
la medida cautelar de arraigo regional, lo que fue acogido por el Tribunal, dictándose un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.