Funcionario de Gendarmería indagado por tráfico de drogas deja prisión preventiva

Tras
68 días privado de su libertad, el sujeto de iniciales M. O. V.
abandonó el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La modificación de
su medida ca
utelar fue confirmada por la Corte de Apelaciones, por lo que desde ahora cumplirá con arresto domiciliario total.

Según
la investigación de la fiscalía, el individuo es parte de una banda
dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel. El grupo sería
liderado por un reo que cumple condena por robo y su pareja. También se
compone por otro interno y tres taxistas que distribuían sustancias a
otros puntos de la ciudad.


En su calidad de enfermero de Gendarmería, M. O. V. habría servido de
enlace para el jefe de la banda. La carpeta investigativa cuenta con
imágenes del recinto penal donde se develarían movimientos sospechosos
alrededor de la enfermería y escuchas telefónicas donde su nombre es
mencionado.

En
la mañana del 30 de mayo, la Brigada Antinarcóticos de la PDI hizo tres
incautaciones simultáneas. A las parejas de los reos se les decomisó 18
plantas de cannabis, 360 comprimidos de clonazepam, 1.300.000 pesos en
efectivo y 20 teléfonos celulares.

En
el caso del funcionario de Gendarmería, la PDI incautó tres teléfonos
celulares y nueve cilindros con cannabis sativa. La cantidad de droga
encontrada sería un argumento central para su abogado, Juan Carlos
Rebolledo, quien solicitó que le modificasen la prisión preventiva.

“No
hay ninguna prueba concreta. A él nunca le pillaron ingresando nada a
la cárcel. La única droga que se encontró fueron cuatro gramos de
marihuana”, explica el abogado, quien también señaló que el enfermero
tampoco estaba involucrado en el tráfico de drogas en el exterior del
penal.

El
martes, el juez Franco Reyes acogió los argumentos del defensor y
modificó la cautelar a arresto domiciliario total. Descontenta con el
fallo, la fiscalía recurrió a la Corte de Ape
laciones para que el imputado siguiese en prisión preventiva.

Junto
al fiscal judicial Pablo Miño, los ministros Víctor Stenger y María
Isabel San Martín analizaron la situación. Tras escuchar los alegatos de
ambas partes, resolvieron confirmar lo decidido en el Juzgado de
Garantía.

Mientras continúe la causa el imputado seguirá privado de su libertad, pero desde ahora en su domicilio.

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