Ayer,
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas sentenció a un funcionario de
Carabineros por maltratar a un joven en las manifestaciones del
estallido social. Se le impuso una pena remitida –firma mensual– y la
inhabilitación de ejercer cargos.
Los
hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2019. En horas de la tarde, una
protesta había terminado en desmanes en la esquina de Bories con Colón.
Las Fuerzas Especiales –hoy Control del Orden Público– utilizaron gas
lacrimógeno para disolver la protesta, mientras que una cuadrilla del
Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) intentaba controlar la
situación.
El
grupo del GOPE era liderado por el sentenciado, capitán Carlos
Weinberger Stange. Según la acusación, el funcionario abordó a un joven
que rociaba con bicarbonato de sodio a los afectados por las
lacrimógenas. Le exigió que abriera su mochila y se fuera del lugar, sino sería detenido.
La
víctima hizo caso omiso. De acuerdo con la acusación, en su detención
recibió tirones en su brazo y golpes en los testículos, espalda y
muñecas. Las heridas fueron debidamente constatadas en el Hospital
Clínico de Magallanes.
El
capitán –que actualmente está radicado en Santiago– fue formalizado en
mayo de 2021. Desde entonces quedó con arraigo nacional. Finalmente lo
enjuiciaron en un procedimiento simplificado, donde el tribunal dio por
acreditado un delito de abuso contra particulares.
El
juez Franco Reyes le impuso 41 días de cárcel, pero sustituyó la pena
por la remisión condicional. Es decir, tendrá que firmar mensualmente en
el Centro de Reinserción de Gendarmería durante un año.