Gendarmería se querelló
en contra de una interna del Complejo Penitenciario de Punta Arenas que
dejó a dos funcionarias de la sección femenina con diversas lesiones.
Solicitan que la Fiscalía le impute cargos por maltrato de obra a
gendarmes en el desempeño de sus funciones.
Los
hechos ocurrieron el lunes. De acuerdo a la querella, la interna –que
tiene 18 años y está recluida por causas de violencia intrafamiliar–
recibía atención psicológica por parte una profesional cuando se
descompensó y comenzó a autoagredirse.
Tres
gendarmes de la sección femenina llegaron para ayudar a la psicóloga.
Según la acción, la reclusa “mantenía una actitud agresiva y desafiante”
y se negaba a regresar a su módulo, por lo que procedieron a aplicarle
las esposas.
Al
momento de colocarle las medidas de sujeción, la interna se habría
resistido con una patada en la pierna a una gendarme segundo. También
habría golpeado con sus puños y pies a otra funcionaria.
Un
sargento segundo debió intervenir en la reducción. La querellada fue
trasladada a la enfermería del complejo, pero en el recorrido habría
forcejeado, insultado y escupido al personal de servicio.
Las
gendarmes agredidas constataron lesiones en el Hospital de las Fuerzas
Armadas. Una de ellas resultó con un traumatismo en la muñeca y
equimosis en el brazo y mano derecha, mientras que la otra sufrió una
contusión en los muslos.
Querella
La
situación originó que tres gremios de Gendarmería iniciaran una
movilización pasiva para solicitar más apoyo de las autoridades en la
contención de la población penal. El miércoles extendieron un petitorio a
la Seremi de Justicia y DDHH para que “no haya más criminalización
penitenciaria”, entre otros puntos.
El
caso tomó ahora ribetes judiciales. Con la firma del director regional
(s) de la institución, Dan Toro, Gendarmería presentó este jueves una
querella por maltrato de obra.
En
el libelo se solicita que la Fiscalía tome declaración a los
funcionarios que participaron en la reducción y atención de la reclusa,
incluyendo a las gendarmes que figuran como víctimas. También piden que
se incaute el registro de las cámaras de vigilancia que captaron los
hechos.
Este
viernes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió a trámite la
querella y se la remitió al Ministerio Público para que se añada a la
carpeta investigativa.