Lo
que se inició como un procedimiento de violencia intrafamiliar (VIF)
concluyó con el hallazgo de cinco municiones. El presunto dueño –un
hombre de 34 años que fue denunciado de amenazar y agredir a su hermano–
pudo ser enviado a la cárcel, pero el tribunal ordenó que cumpla con
arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima.
Los
hechos habrían ocurrido a las 13:30 horas del sábado, al interior de un
domicilio en el Barrio 18 de Septiembre. Según el parte policial, los
hermanos discutieron porque el imputado habría sustraído 100 mil pesos.
Entre insultos, éste agarró un taladro eléctrico y lo amenazó de muerte:
“Aquí va a caer el que tenga que caer”, habría dicho.
El
formalizado se habría abalanzado contra el afectado. Ambos forcejearon y
la víctima recibió golpes en su zona costal. Logró zafar del ataque y
denunció los hechos a Carabineros, que concretó la detención 40 minutos
después.
Los funcionarios policiales se entrevistaron con la víctima y les
informó que su hermano ocultaba cinco balas en la vivienda. Constataron
que el arrestado no tenía permisos de tenencia e incautaron las
especies.
Tras
un día en los calabozos de la comisaría, el imputado quedó a
disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. La fiscalía lo
formalizó por amenazas y lesiones menos graves, ambos en contexto de
VIF. Además, le imputaron un delito por tenencia ilegal de municiones.
El
fiscal Felipe Aguirre solicitó que el individuo fuese enviado a la
cárcel. Señaló que tenía condenas previas por tráfico de drogas y
procesos pendientes por VIF.
En
la audiencia, el imputado rompió el silencio y se dirigió ante el juez
Juan Villa: “No me quiero arriesgar a nada ilícito, llevo tres años
reinsertado, me siento orgulloso y parte de la sociedad. Espero seguir
así”, dijo entre lágrimas.
Según
la defensa, las municiones no le pertenecen al formalizado.
Argumentaron que la pelea no se inició por una sustracción, sino por una
denuncia presentada por el imputado por 24 plantas de marihuana que
pertenecerían a su hermano.
El
tribunal ordenó la expulsión del hogar común, prohibición de
acercamiento y arresto domiciliario total. Por acuerdo entre las partes,
se fijó un plazo de 60 días para la investigación.