Un
individuo decidió querellarse por estafa en contra de la abogada que
tramitó su divorcio. Acusa que debió pagar 12 millones de pesos a su
cónyuge por las inasistencias de la profesional en las audiencias de
juicio.
La
víctima –que reside en Valdivia– pagó 550 mil pesos a una abogada para
que lo representase un juicio de divorcio en común. El trámite se haría
en el Juzgado de Familia de Punta Arenas, donde su excónyuge residía.
El
querellante confió que sus intereses se defendían en Magallanes, pero
10 meses consultó la Oficina Judicial Virtual y se llevó una sorpresa.
El juicio de divorcio fue archivado por inasistencia de la abogada que
contrató.
La llamó para pedirle explicaciones,
pero recibió una desconcertante respuesta: “ella indica que lo
arreglará y que la entienda, porque tiene problemas de adicción al
alcohol. No le indica cuándo ni cómo lo va a solucionar, sino que sólo
lo realizará”, se cita en la querella.
Ambos
cesaron el contacto hasta casi ocho meses después, cuando la abogada le
dijo a su cliente que firmase un documento para que el divorcio se
concretase. El hombre estampó su nombre en la hoja y terminó siendo
citado a una audiencia para que pagase tres millones de pesos a su
cónyuge como compensación económica.
La
víctima ignoraba lo que había firmado. Se trataba de un mandato
judicial que fue utilizado por la abogada para demandar un divorcio
unilateral por cese de convivencia. La situación era distinta al
objetivo inicial del afectado, que contrató sus servicios para un
divorcio de común acuerdo.
El
día de la audiencia, la querellada se ausentó nuevamente. Sin pruebas
que ofrecer, el tribunal condenó a la víctima al pago de 12 millones de
pesos a su cónyuge. Aunque se apeló a la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas, la decisión fue confirmada y está ejecutoriada desde febrero de
este año.
Los
patrocinantes de la querella indican que la abogada habría incurrido en
una estafa, pues recurrió al engaño para ocasionar perjuicios en su
cliente.
“La
querellada creó una falsa imagen de seriedad, profesionalidad y
rectitud, basada en una imagen que aparentaba tales características. Mi
representado le entregó como pago personal 550.000 pesos, pero nunca
tuvo la intención de prestar los servicios profesionales contratados y
pactados”, indican.
Solicitan
al Ministerio Público que se despache una orden de investigar a la
Policía de Investigaciones (PDI) y que se cite a declarar a la
querellada y la víctima.