Esta
semana, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas revisó la causa contra
D.S.M., quien habría agredido a un carabinero durante el estallido
social.
Los
hechos por los que fue requerida habrían ocurrido el 26 de octubre del
2019. Durante las protestas y mientras el país estaba en Estado de
Excepción Constitucional, la mujer habría agredido con golpes de pies y
puños a un funcionario de Carabineros en la esquina de las calles Bories
con José Menéndez.
El carabinero resultó con lesiones leves y constató contusiones en el muslo izquierdo.
Para
levantar su imputación, la fiscalía recabó el parte policial
respectivo, el extracto de filiación de la imputada, un parte médico y
la declaración de la propia víctima.
Con
estos antecedentes, la fiscalía constituyó el delito de maltrato de
obras a carabinero en servicio con resultado de lesiones leves. Se le
atribuyó calidad de autor y en grado de ejecución consumado.
Anteriormente,
la mujer había sido imputada por desórdenes públicos. Sin embargo, el
Ministerio Público decidió no perseverar con ese delito porque no se
reunieron los antecedentes necesarios para realizar la acción penal.
El
procedimiento contra la imputada se resolverá a través de un juicio
simplificado. En un principio, la fiscalía solicitó una pena de 300 días
de cárcel y el pago a las costas de la causa.
El
viernes pasado, el Ministerio Público decidió modificar las penas
solicitadas. Como la imputada habría colaborado con la investigación y
tenía irreprochable conducta anterior, la fiscalía solicitó que
cumpliese con 61 días de reclusión.
“Estamos
dispuestos a configurar la atenuante de responsabilidad penal de
colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos”, dijo la
fiscal Romina Moscoso.
Si
la imputada admitía su responsabilidad en los hechos, el tribunal
habría dictado sentencia de inmediato. Sin embargo, su abogado defensor
recomendó lo contrario.
“De
acuerdo a lo conversado, mi consejo para D.S.M. es que no acepte
responsabilidad y que se contacte con su defensor titular para las
próximas audiencias”, señaló el defensor Pablo Santander.
Tras ser consultada por el juez Cristián Armijo si admitía responsabilidad, la imputada señaló que no.
De
ese modo, se agendó una audiencia de preparación de juicio oral. Si
llegan a esa instancia, la imputada puede ser condenada por penas
superiores a los 61 días de cárcel propuestos por el Ministerio Público o
puede ser absuelta de todos los cargos imputados.