Este jueves,
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas le impuso a M. Z. C. H. la
medida cautelar más rigurosa posible: prisión preventiva, la que tendrá
que cumplir en el complejo penitenciario de la ciudad.
El
sujeto fue formalizado por conducción en estado de ebriedad, falta de
respeto a la autoridad, infracción a las normas higiénicas, desacato
amenazas simples y daños simples.
Además,
el imputado habría cometido los siguientes delitos en contexto de
violencia intrafamiliar (VIF): amenazas, violación de morada y daños.
Los 8 delitos
En
la madrugada del martes, el imputado fue detenido cerca de la
intersección avenida Frei Montalva con la Ruta 9 Norte. El sujeto
conducía su motocicleta en estado de ebriedad y durante el toque de
queda.
Tras
ser controlado, los carabineros descubrieron que M. Z. C. H. fue
considerado rebelde por la justicia. Desde el 29 de enero, el imputado
tenía una orden de detención en su contra, por lo que fue trasladado a
la comisaría.
En los calabozos, el imputado habría insultado a los funcionarios. “¡Les voy a dar jugo hasta el final!”, habría gritado.
En
la mañana siguiente fue puesto a disposición de los tribunales. Allí,
el imputado escuchó la formalización en su contra por los hechos de la
madrugada. Tras ello, el juzgado de garantía abordó la orden de
detención, la que se vincula con delitos en contexto de VIF.
Los
hechos se remontan a fines del 2019. El 8 de diciembre, el imputado
habría ido a la casa de su ex conviviente. Motivado por los celos, el
sujeto habría roto todos los vidrios del auto de la pareja de su ex,
provocando daños avaluados en 300 mil pesos.
Cuatro
días después, el imputado habría escrito mensajes amenazantes a su
pareja. “Con mis manos lo mataré. ¿Quieres que lo haga al frente de tus
hijos?”, habría dicho.
A mediados de
diciembre, las amenazas habrían pasado a los hechos. Presuntamente, el
imputado ingresó al domicilio de su ex pareja y rompió un televisor,
muebles y plantas, entre otras especies. Según la fiscalía, los daños se
calculan en 200 mil pesos.
Atemorizada,
la víctima acudió a las autoridades para denunciar los hechos. El 19 de
diciembre, el fiscal Fernando Dobson solicitó que el imputado quedase
con la prohibición de acercarse a su ex pareja.
“A
juicio de este fiscal, existe una situación de riesgo inminente que
afecta a la víctima, lo que se traduce en el resultado de la pauta de
evaluación inicial de riesgo, que arroja como resultado Riesgo
Vital/Alto”, dice el documento.
La medida cautelar fue acogida por el tribunal y Carabineros le notificó al imputado que no podía acercarse a su ex pareja.
Presuntamente,
el 21 de enero del 2020 el imputado hizo oídos sordos a la regla del
tribunal. En avenida España con Enrique Abello, el sujeto nuevamente
habría amenazado de muerte e insultado a la víctima y su novio.
El
imputado –un pescador que no tiene correo electrónico y vive en el
barco donde trabaja– no contestó las notificaciones del juzgado para la
audiencia de formalización. Por ello, el tribunal decretó la orden de
detención para que compareciera ante la justicia, lo que pudo ocurrir
ayer.
Un peligro para la sociedad
Por
los 8 delitos que imputó el Ministerio Público, el fiscal Ricardo
Torres solicitó que el formalizado fuese a la cárcel mientras se
investigan los hechos.
“Creemos que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y en este caso específico, a la seguridad de las víctimas”, dijo el persecutor.
La
defensa argumentó que los hechos ocurrieron en un período en que el
imputado estaba descompensado por una enfermedad mental que padece.
Actualmente, argumentan, la seguridad de la víctima no está en riesgo.
“Si
bien en este espacio de tiempo de dos meses existía una conducta
desatada por parte de mi representado, advertimos que al día de hoy no
existe esa circunstancia”, dijo la defensora Vania Cáceres.
Tras
escuchar a las dos partes, el juez Ricardo Larenas se inclinó por la
posición de la fiscalía. Mientras duren los 60 días de investigación, el
imputado estará tras las rejas.