“Cristian Figueroa Fuentealba, sociólogo, jefe de la sede Regional de Magallanes y Antártica Chilena del Instituto Nacional de Derechos Humanos, domiciliado en calle Croacia 499, respetuosamente digo (…) que interpongo querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito descrito y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, grado de ejecución consumado, cometido en perjuicio de: Lucas Cayetano Oyarzún Pinto, Joaquín Ignacio González Imaray, Sebastián Alejandro Fernández Chaval, José Miguel Orellana Cortés, Jonathan Freddy Romero Carvajal, Kevin Alonso Sánchez Vergara, Camilo René Canales Ruiz, Alexis Damián Griffin Blanco, Esteban Fernando Unicahuin Orozco, Mario Alejandro Torres Krause, Cristian Fabián Contreras Saldivia e Israel De Jesús Díaz Moreno”.
Lo anterior es la presentación de una querella contra quienes resulten responsables, por el delito de apremios ilegítimos, es decir “el empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura”. El escrito fue presentado por la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El relato del hecho cuestionado, ocurre dos días después, de un intentó de motín ocurrido en la cárcel de Punta Arenas, donde un grupo de gendarmes fue amenazado de muerte y heridos de diversas maneras, entre ellas, lanzamiento de agua hervida. Por este hecho la institución presentó querella.
“El jueves 25 de noviembre de 2023, alrededor de las 7.00 a 8.00 de la mañana, y en el contexto de un allanamiento en el Módulo C-1 del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, los internos ya individualizados en esta querella son maltratados verbalmente, golpeados con golpes de puño, patadas y bastón de uso institucional y se aplica gas pimienta de manera indiscriminada e innecesaria, por parte de varios funcionarios de Gendarmería de Chile que participaron del procedimiento.
Denuncian que las agresiones se producen estratégicamente en ‘puntos ciegos’, donde no hay cámaras, y que los oficiales que portaban Go-Pro habrían dejado de grabar al momento de las agresiones.
A consecuencia de lo anterior los internos resultaron con lesiones de diversa consideración (equimosis y rasmilladuras), que fueron fijadas fotográficamente por el INDH el sábado 27 de noviembre de 2023. Los DAU de 29 de noviembre de 2023 también dan cuenta de esta situación, una vez que fueron llevados a constatar lesiones, sólo después de cautela de garantías interpuesta verbalmente por el INDH. Los internos señalan que esta constatación de lesiones fue superficial y que ni siquiera les soltaron las medidas de sujeción en muñecas para una adecuada inspección por parte del personal médico del Cesfam.
Ese mismo día, alrededor de los 10.00 horas, realizan una nueva inspección y se efectúan otros hechos consistentes en malos tratos de palabra, golpes, insultos entre otros contra los internos del referido módulo.
Finalmente, el viernes 26 de noviembre de 2023, alrededor de las 20:00 horas, nuevamente se produce una intervención en el Módulo C-1 por parte de personal de Gendarmería y se vuelven a repetir las agresiones verbales, físicas y uso de gas pimienta de manera indiscriminada e innecesaria”, finaliza el escrito.
El INDH Magallanes solicita al Ministerio Público que se realice una investigación para esclarecer responsabilidades penales.