El
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de Cristian
Figueroa, jefe de la sede regional, presentó una querella criminal
contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores,
cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos, donde el
afectado es el reo de la cárcel de Punta Arenas, Cristian Marín
Bustamante.
El
privado de libertad tiene una larga historia con hechos delictuales,
registra procedimientos ligados a lesiones leves, amenazas y logró
captar la atención de los medios de comunicación por regresar al recinto
penitenciario por violencia intrafamiliar tras estar solamente tres
meses fuera de la cárcel, lo cual pudo hacer después de haber obtenido
la libertad condicional a mediados de 2018 gracias a un recurso de
amparo presentado en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Cristian
Marín originalmente estaba encarcelado cumpliendo una condena de 10 años
por un delito de robo con violencia que cometió junto a otro sujeto en
2012. De igual forma, en 2018 fue herido con un arma blanca por otro
interno, teniendo que ser trasladado al hospital.
Los hechos
Su
nombre nuevamente se hace presente en el sistema judicial, esta vez
involucrándolo en los hechos que describe el escrito, donde se informa
que el reo mientras estaba “bajo custodia de funcionarios de Gendarmería
de Chile, habría sido golpeado y maltratado por parte de los referidos
el 16 de marzo de 2023 en horas de la mañana, mientras la víctima se
encontraba en el Módulo B del mencionado recinto penitenciario (cárcel
de Punta Arenas), cuando producto de un procedimiento de allanamiento
efectuado por el personal al interior de dicha dependencia, el señor
Marín fue agredido en reiteradas ocasiones por un número indeterminado
de funcionarios quienes, sin cumplir con sus reglamentos e
instrucciones, consintieron en aplicar o no impedir que se realizarán
apremios ilegítimos en su contra, consistentes en golpes de pie, puño
y/o con elementos contundentes.
Como
consecuencia de estas agresiones, el señor Marín Bustamante, resultó
policontuso en tórax anterior y posterior, abdomen, cuero cabelludo
temporal, contusión en cara anterior y posterior derecho, lesiones
diagnosticadas por servicio de urgencia del hospital regional con el
carácter de leves”, finaliza el relato de hechos.
El
documento asegura que “los funcionarios aplicaron consciente y
voluntariamente apremios sobre la víctima, consistentes en golpes de
pie, puño y/o con elementos contundentes en el cuerpo. Dichos apremios
son ilegítimos por cuanto el ordenamiento jurídico no impuso la
obligación jurídica al afectado de soportar su imposición. Tampoco
concurrió en su aplicación ninguna causal de justificación, exculpación o
cualquiera otra norma permisiva o eximente de responsabilidad penal en
relación a estas conductas explícitamente ilegales. Su actuar no se
limitó a golpear, sino que causó lesiones a la víctima. Todo lo
anterior, constituye sin lugar a dudas una serie de actos o tratos
crueles e inhumanos, existiendo la carencia de cualquier provocación por
parte del ofendido, siendo la conducta desplegada por los ofensores un
castigo injustificado y deleznable, que se enmarca dentro del contexto
de apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes”.
Junto a lo anterior, solicita que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente.