A
través de una salida alternativa, el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas autorizó la suspensión de la causa en contra de un ingeniero
civil que adulteró su permiso temporal para no ser fiscalizado durante
la cuarentena. Tendrá que hacer una donación de 250 mil pesos a una
institución benéfica.
Los
delitos se cometieron en noviembre del 2020, cuando regía la cuarentena
total en la Región de Magallanes. Funcionarios de la Fuerza Aérea de
Chile (FACh) fiscalizaban el cumplimiento de la norma en el “cruce de la
muerte” y detuvieron el vehículo del imputado y le solicitaron su
permiso temporal.
Los
efectivos constataron que el documento no era válido, pues el original
correspondía a una fecha distinta. Denunciaron los hechos a las
autoridades policiales y el imputado quedó apercibido.
Su
citación ante la justicia se realizó ayer. El Ministerio Público lo
formalizó por falsificación de instrumento público e infracción a las
normas higiénicas. “Con su conducta puso en peligro la salud pública en
vigencia el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por
calamidad pública”, dijo la fiscal Rina Blanco.
Con
la autorización del tribunal, el imputado pudo acceder a una salida
alternativa del procedimiento. La causa en su contra se suspende bajo
tres condiciones: tendrá que pagar 250 mil a la Unión de Personas con
Discapacidad Mental (Unpade), fije domicilio y no incurra en nuevos
delitos.
Si
se cumple con las exigencias en el lapso de un año, el caso queda
sobreseído y la hoja de antecedentes penales del individuo queda limpia.