El
Instituto Nacional del Deporte (IND) fue condenado al pago de $437
millones de pesos a una empresa que se adjudicó la prestación de
servicios para la Final Nacional de Educación Superior del 2019.
El
Segundo Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró incumplido el
contrato suscrito entre el IND y la empresa. “Los perjuicios que se
indemnizan son los que provienen del incumplimiento. Es la infracción
del contrato la que debe considerarse causa del daño que se demanda”.
La demanda
En
octubre del 2019, la sociedad Elgueta, Oyanedel y Compañía Limitada se
adjudicó la prestación de servicios de alimentación y alojamientos para
los deportistas que participarían en la Final Nacional de Educación
Superior del 2019, la cual se jugaría en Punta Arenas y Puerto Natales.
En
las semanas previas a la actividad, la empresa gastó 437.520.557 pesos
para recibir a los jugadores. Sólo en los anticipos de centro de
alimentación y hoteles desembolsaron 310 millones, aproximadamente.
El
evento deportivo coincidió con el estallido social. En Magallanes se
había declarado el estado de excepción constitucional y los militares
custodiaban las calles. Dos días antes del inicio, el IND anunció que el
torneo se suspendía.
De
acuerdo a la sentencia, la empresa contratista se comunicó con el
instituto para que se reembolsaran las reservas, pero no obtuvieron
respuesta. “El IND con su actuar incurrió en la afectación de diversos
principios que rigen el actuar de la administración, que son los
principios del contrato-ley, la buena fe, la eficiencia y eficacia”,
señaló el demandante.
La sentencia
En
julio del 2020, la empresa interpuso una demanda por incumplimiento de
contrato e indemnización de perjuicios. Solicitó la restitución de las
reservas y el pago de 95 millones de pesos por daño patrimonial y moral.
En
su contestación, el IND alegó que los juegos se suspendieron por causas
ajenas al servicio y que no se podían hacer cargo de los gastos
incurridos por la empresa.
En
los dos años que duró la tramitación, el juzgado analizó las boletas y
vouchers que respaldaron los gastos incurridos. Aunque rechazó las
indemnizaciones por daño moral y patrimonial, el juez César Millanao
declaró incumplido el contrato y ordenó el pago de $437 millones a la
demandante.
“En
este caso existe de manera evidente, un nexo o relación inmediata, de
causa a efecto, entre el acto o hecho del servicio (acción u omisión) y
el perjuicio o daño. Puede inferirse de ese nexo que el daño no se
habría verificado sin aquel acto incumplido: no dar término al contrato
en su oportunidad causó un daño en el demandante”, dice la sentencia.
Comunicado
el fallo, la empresa interpuso este jueves un recurso ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas. Solicitan que se ordene el pago de otros 80
millones de pesos por lucro cesante.