Durante
el estallido social, la Caja de Compensación Los Héroes sufrió una
serie de daños y sustracción de especies en menos de ocho días. Los
hechos produjeron pérdidas en 8,7 millones de pesos y motivaron a que la
Fiscalía iniciase una investigación para buscar responsables.
Más
de dos años después de los hechos, las diligencias se agotaron y la
investigación cerrará sin imputados. Hoy, la Fiscalía comunicará su
decisión de no perseverar en las indagatorias.
Los destrozos
Los
primeros daños se produjeron el 20 de octubre de 2019. Un grupo no
determinado de personas arrojó objetos contundentes a la sucursal de Los
Héroes que se ubica en Lautaro Navarro con José Menéndez, en pleno
centro de Punta Arenas.
La
mampara de ingreso quedó destrozada, pero la empresa pudo repararla.
Decidieron tapiar la entrada para evitar saqueos y destrozos que se
producían en sectores aledaños.
Tres
días después, desconocidos burlaron los obstáculos e ingresaron al
local rompiendo el vidrio en puertas y mamparas. Al interior se
produjeron daños en la regulación de altura, tándem y en banquetas.
Los
Héroes tapió la fachada de la sucursal por segunda vez. Sin embargo, el
24 de octubre volvieron a entrar desconocidos mediante destrozos. En
esa oportunidad quebraron la mitad de los vidrios del segundo piso y
letreros luminosos.
La
empresa fue víctima de los últimos destrozos el 28 de octubre. Aunque
se reforzó nuevamente la entrada y se tapió el segundo piso, la turba
logró ingresar y sustraer sillas de espera, extintores y basureros.
También hubo daños a mesas, sillas y computadores.
Sin imputados
La
causa inicia su tramitación a partir de una querella interpuesta por
Los Héroes. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Focos
Investigativos de la Fiscalía, que llevó el caso como por los ilícitos
de daños, hurto y robo con fuerza en lugar no habitado.
Durante
las indagatorias, el Ministerio Público recibió imágenes que captan los
disturbios al interior de la sucursal a través de cámaras de seguridad.
También tuvieron acceso a la denuncia que hace un catastro de daños.
Casi
dos años después de los hechos, la fiscalía agotó las diligencias que
permitiesen identificar a un imputado. “Habiéndose cerrado la presente
investigación, solicito la realización de una audiencia para la decisión
de no perseverar en el procedimiento”, pidió el fiscal Felipe Aguirre
al Juzgado de Garantía de Punta Arenas a fines de agosto.