7 días recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales alcanzó a estar Jaime Cabrera Almendra.
Aunque
cumplía con prisión preventiva por presuntamente someter a trabajos
forzados a ocho personas de nacionalidad haitiana, la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas acogió la apelación de su defensa y decidió
cambiarla a firma quincenal y arraigo regional.
Cabrera
Almendra fue formalizado el viernes pasado por el delito de trata de
personas con fines de trabajos forzados, servidumbre y esclavitud. Las
víctimas serían ocho haitianos que trabajaban para él en la recolección
de musgo.
Según
los antecedentes de la Fiscalía, el 2018 el imputado los instaló en el
kilómetro 10 de Villa Renoval. En el lugar, las víctimas hacían frente
al frío magallánico en una choza de material ligero y aislada con bolsas
plásticas.
En
la formalización, se dijo que trabajaban entre las 7 de la mañana y las
8 de la noche. De pago recibían 500 pesos por saco recolectado. Sus
colegas chilenos, en cambio, tenían una remuneración de entre 700 y
1.000 pesos.
Tras
escuchar los hechos y los antecedentes de la carpeta investigativa, el
Juzgado de Letras y Garantías de Puerto Natales decidió enviar a Cabrera
Almendra a la cárcel mientras dure el procedimiento en su contra.
Los descargos de la defensa
El miércoles, la defensa recurrió a la Corte de Apelaciones y apeló a la medida cautelar que pesaba sobre su representado.
“Relatado
desde el Ministerio Público, esta persona parece ser malvada y explotó a
ciudadanos extranjeros de manera cruel, inhumana e indigna. Sin
embargo, eso nunca ocurrió así”, dice el abogado defensor, Mario
Elgueta.
El
defensor Elgueta señala que el tribunal de Puerto Natales sentenció los
problemas entre Cabrera Almendra y sus empleados el 2018. Ese año, el
juzgado mixto recibió dos denuncias laborales en contra del imputado,
pero fueron descartadas. “El juzgado de Letras y Garantía determinó que
mi representado tuvo todo lo contrario a lo que se le denunciaba. Se
preocupó por las condiciones de alimentación, de vivienda y laborales,
que fueron adecuadas”, dice.
La Fiscalía señaló ante los ministros que era necesario mantener al imputado tras las rejas. Esto, debido a la pena
asignada al delito de trata de personas, a que su libertad constituye
un riesgo para la seguridad de la sociedad y para asegurar el éxito de
la investigación.
La
sala –compuesta por los ministros María Isabel San Martín, Víctor
Stenger y el fiscal judicial Pablo Miño– se inclinó por la posición de
la defensa.
“La
fuerza y precisión de los antecedentes no resultan de la entidad
necesaria para imponer la medida cautelar más intensa que previene
nuestra legislación”, dice el fallo.
Aunque
quedó en libertad, Cabrera Almendra seguirá siendo investigado durante
los próximos tres meses. Además, tendrá que cumplir con firma quincenal
en dependencias del Ministerio Público y con arraigo regional.