El
sujeto de iniciales J.M.A. cumple con prisión preventiva desde el 31 de
mayo. Nueve días antes, la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo
por supuestamente violar a una joven de 20 años que descansaba tras una
reunión social.
La
decisión de recluirlo en el complejo penitenciario no estuvo exenta de
polémica. Cuando lo detuvieron, el Juzgado de Garantía dispuso que
quedase con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento a
la víctima. Los representantes de la mujer recurrieron a la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas, que en un fallo dividido ordenó la prisión
preventiva.
Por
petición del abogado Dagoberto Reinuava, ayer se volvieron a revisar
las cautelares. Argumentó que el sujeto de 29 años podía ser beneficiado
con la atenuante de colaboración con la justicia, pues se entregó
voluntariamente al cuartel policial para su detención. Además, no
representaría un peligro para la sociedad porque no tiene antecedentes
penales.
Según
el abogado, el imputado sufrió un desvanecimiento que lo obligó a
acudir a la enfermería de la cárcel. “Se ha cumplido un mes y no lo ha
pasado bien”, digo el defensor.
La
fiscal especializada en delitos sexuales, Wendoline Acuña, se opuso a
que el imputado dejase el penal. “El delito de la violación es uno de
los crímenes más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí existe
violencia de género”, dijo.
Como
representante de la víctima estuvo el exfiscal regional Pedro Corti.
Con voz grave y pausada, argumentó que no se habían añadido nuevos
antecedentes que permitiesen levantar la medida cautelar.
Finalmente,
el juez Ricardo Larenas se inclinó por la posición del Ministerio
Público y del abogado Corti. De este modo, el imputado seguirá recluido
en la cárcel.