Desde
el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el sujeto de iniciales
J.S.J. fue condenado por tres delitos incurridos en sus extensos
antecedentes penales. El tribunal lo sentenció al pago de casi $ 450 mil
por dañar un patrullero, causar desórdenes durante el estallido social y
atentar contra Carabineros.
El
primer hecho ocurrió el 13 de julio de 2019. Era pasada la medianoche y
Carabineros fiscalizaba un local de alcoholes en Errázuriz, donde se
encontraron con el acusado. Controlaron su identidad y descubrieron que
tenía una orden de detención emanada del tribunal de Limache.
Ya
arrestado, lo llevaron a constatar lesiones al Hospital Clínico de
Magallanes. Bajo los efectos del alcohol, sin razón aparente comenzó a
propinarse cabezazos contra el vidrio del patrullero. La ventana quedó
trizada en su totalidad y sus daños se avaluaron en 173 mil pesos,
aproximadamente.
El
individuo fue formalizado por daños simples y quedó con firma mensual.
Casi tres meses después volvió a quedar a disposición de los tribunales,
pero por circunstancias distintas.
En
la madrugada del 23 de octubre, Carabineros patrullaba el centro de
Punta Arenas fiscalizando el toque de queda, decretado a partir del
estallido social. Cuando llegaron a Armando Sanhueza, el imputado
comenzó a lanzarles piedras y objetos contundentes.
Tres
funcionarios se bajaron del vehículo para detenerlo. Según el
requerimiento de la Fiscalía, el individuo arremetió contra ellos y se
resistió al arresto.
Con el transcurso del tiempo, su hoja de antecedentes penales siguió aumentando. Desde su detención en el estallido social ingresaron nueve denuncias en contra sólo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
La
mayoría de ellas son por violencia intrafamiliar. El 24 de abril pasado
lo formalizaron por cuatro delitos de desacato y otro por lesiones
menos graves. En aquella oportunidad el tribunal impuso la prisión preventiva.
Conectado
por vía telemática desde la cárcel, J.S.J. se sometió a un juicio
simplificado por los dos hechos de 2019. El tribunal lo condenó al pago
de 200 mil pesos por los daños al ventanal del patrullero, $ 50 mil por
desórdenes públicos y otros $ 200 mil por resistirse a la acción
policial.