La
isla Pehoé forma parte del Parque Nacional Torres del Paine desde 1975.
Desde entonces la relación entre los ocupantes que realizan actividades
turísticas y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha sido compleja.
Las disputas judiciales entre ambos se han litigado hasta en la Corte
Suprema.
Un
nuevo capítulo tuvo lugar ayer en el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas. La Fiscalía formalizó a un representante legal de la Sociedad
Hotelera Pehoé Limitada que habría falsificado una póliza de seguro tras
incumplir los contratos de concesión con Conaf.
Los
términos de la concesión se fijaron en enero de 2000, tras una serie de
disputas judiciales en la arena civil. Se estableció que la empresa
hotelera podía realizar sus actividades en las Torres del Paine, pero
debía pagar 1.250 UF anuales -actuales 39 millones de pesos- a la
corporación estatal.
La
concesión terminaba el 2018. Para asegurar las obligaciones contraídas
con Conaf tomaría una póliza de seguro que les permitía cobrar 1.400 UF
ante cualquier incumplimiento.
Con
el paso del tiempo hubo una serie de cambios en la propiedad de la
empresa turística. Desde el 2016, José Lara Hernández y Carlos Rivas
Negrete se hicieron cargo de la administración. Hoy ambos tienen calidad
de imputados en la investigación de la Fiscalía.
Entre
el 2016 y el 2018 se habrían registrado incumplimientos en la concesión
por el no pago de 76 millones de pesos a Conaf. Por ello, la sección de
Finanzas de la corporación procedió a cobrar la póliza a la empresa
aseguradora.
Sin
embargo, la corporación no pudo recibir los fondos. Presuntamente, los
representantes legales de la Sociedad Hotelera Pehoé Limitada presentaron documentación falsa a la empresa aseguradora.
“La
póliza presentada por la concesionaria no fue emitida por la
aseguradora, sino que presentaron una póliza falsa, completamente
adulterada”, indicó el fiscal especializado en delitos económicos,
Sebastián González.
De
acuerdo con los antecedentes de la causa, los imputados habrían
confeccionado una póliza con la firma de representantes de la
aseguradora que no tenían vigencia a esa época. También tenía un timbre
que no correspondía a la empresa.
Rivas
Negrete fue formalizado en septiembre del 2021, mientras que Lara
Hernández quedó ayer a disposición de la justicia. El Ministerio Público
lo formalizó por uso malicioso de instrumento público. Quedó sin
medidas cautelares y se fijó un plazo de 120 días para las indagatorias.