Aunque
el comienzo del Estallido Social ocurrió hace casi un año y medio, los
procesos judiciales por saqueos continúan. Ayer fue formalizado el joven
de iniciales J.C.M.N., quien fue sorprendido con productos
presuntamente sustraídos.
Los
hechos se remontan al 12 de noviembre del 2019. En medio de las
protestas y cuando se acercaba la medianoche, personal de la Sección de
Investigación Policial (SIP) de Carabineros patrullaba las calles de la
ciudad en búsqueda de los responsables de un saqueo a la farmacia Cruz
Verde que le significaron pérdidas de casi 15 millones de pesos.
Cuando
llegaron a la calle General Juan Salvo, los funcionarios policiales
descubrieron a dos sujetos que hurgaban una mochila abierta. Detuvieron
su marcha, les realizaron un control preventivo y solicitaron permiso
para ver qué tenía el bolso.
En su interior encontraron 18 objetos que se suelen comercializar en farmacias, como analgésicos y artículos de aseo personal.
Según
el parte policial, el imputado dijo de manera espontánea que las
especies pertenecían a ambos. Sin embargo, quedaron apercibidos por un
presunto delito de receptación.
Siete
meses después del saqueo a la Cruz Verde, el Ministerio Público decidió
citar a los dos sujetos para que fuesen formalizados. En septiembre del
año pasado compareció ante el tribunal solo uno de ellos, pues J. C. M.
N. se ausentó.
El
joven volvió a ser notificado y la causa se dilató hasta ayer. Desde
Puerto Montt –ciudad donde reside– el imputado restante pudo ser
formalizado. El fiscal Pablo Aguirre le comunicó que sería investigado
por receptación.
“No
pudieron acreditar bajo ningún punto de vista –con facturas o boletas–
la adquisición de estas especies a esas horas de la madrugada”, dijo el
persecutor.
El
Ministerio Público solicitó al tribunal que impusiese arraigo regional o
firma mensual para asegurar la comparecencia del imputado a futuras
audiencias. La defensa –a cargo de Ramón Bórquez– se opuso y abogó por el arraigo nacional, pues el joven vive en la Región de Los Lagos.
Tras
escuchar a las dos partes, el juez Franco Reyes se inclinó por la
posición del fiscal Aguirre. Mientras duren los 60 días de
investigación, el joven no podrá abandonar la norteña región.