Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, la
jefa de la unidad de Control de la Corporación Municipal de dicha ciudad
(Cormunat) interpuso una demanda por vulneración de derechos y garantías
fundamentales con ocasión del despido en contra de dicha entidad comunal,
acusando haber sido desvinculada como represalia por haber efectuado una serie
de denuncias en contra de su trabajo.
La causa tiene su origen en una denuncia de tutela laboral que
la demandante identificada como Andrea Jorquera Rubio presentó el 29 de
septiembre pasado ante el mismo Tribunal, en la cual solicitaba específicamente
que se sancionara a su empleador, es decir, a la Cormunat, por haber incurrido en
una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales durante la relación
laboral, siendo acusada verbalmente de falta de probidad administrativa y acoso
laboral en contra de una funcionaria. Dicha acción tenía como fundamental
propósito que se ordenara el cese de estas actuaciones.
A consecuencia de esta denuncia, el secretario general
subrogante de la Corporación, Francisco Torres Barrientos, decidió poner
término a su contrato de trabajo, el pasado martes 17 de noviembre, sin que el
motivo obedeciera –supuestamente- a alguna conducta indebida o de carácter
grave por parte de la trabajadora.
Bajo este contexto surge esta nueva denuncia de tutela
laboral, al configurarse la garantía de indemnidad, que está establecida en el
Código del Trabajo y que tiene por objeto sancionar al empleador cuando despide
por represalias a un trabajador que efectuó alguna denuncia o demanda en su
contra. Además, se interpuso otra demanda por despido injustificado.
En este último caso se pidió la reincorporación de la trabajadora
mientras durara este juicio laboral, que fuese con goce de sueldo y sin tener
que concurrir a su lugar de trabajo, lo que fue acogido por el Tribunal, sin
que exista un recurso en contra de esta resolución, quedando el fallo firme y
ejecutoriado.
“El Tribunal consideró que con los argumentos que habíamos
vertido ya con la sola presentación de la denuncia, la señora Jorquera debía
ser reincorporada, se le debería seguir pagando el sueldo y tampoco tiene que
presentarse al lugar de trabajo mientras dure este actual juicio. Pero a su
vez, existe un juicio anterior, que también está vigente, y en virtud del cual
el Tribunal ordenó una serie de oficios al Ministerio Público”, explicó el
abogado José Luis Pérez.
Precisamente, estos oficios que se remitieron al ente
acusador se basan en que funcionarios de la Cormunat utilizaron medios ilegales
para obtener pruebas en contra de Andrea Jorquera, además se habría perpetrado
el delito de desacato, ya que se ordenaron ciertas actuaciones a personeros de
la Corporación que no fueron cumplidas y se desobedeció una orden judicial.
En la actual causa de tutela, el abogado ofició también a la
Fiscalía para que se indague un eventual ilícito de ejercicio ilegal de la
profesión, puesto que una de las causales por las cuales fue despedida su
clienta tiene que ver con un sumario administrativo que no existiría en el
derecho privado, acusando Pérez que el secretario (s) de la Cormunat se
atribuyó la calidad de fiscal, lo que de acuerdo con la ley eso no procedería.
Finalmente, se solicita que se le pague a la afectada una
indemnización que alcanza los 90 millones de pesos por el daño moral al cual
fue sometida la denunciante, y otras medidas como que el empleador deba ofrecer
disculpas públicas y someterse a capacitaciones.