Condenado
por tráfico de drogas, ayer Guillermo Berríos Tolosa escuchó la pena
que tendrá que cumplir. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas lo
sentenció a tres años de libertad vigilada intensiva y una multa de 1
millón de pesos.
El
joven –ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile– fue hallado culpable
de ingresar 99 pastillas de éxtasis a Magallanes a través de una
encomienda. Durante el tiempo que fue investigado estuvo con arresto
domiciliario total, una medida que fue sustituida por la reclusión
nocturna hasta que la sentencia esté firmada.
Las
indagatorias en su contra se iniciaron en la Región de La Araucanía. El
4 de febrero, la sucursal de Correos Chile en Villarrica descubrió un
paquete con características sospechosas. Al abrirlo, encontraron toallas
higiénicas con casi 100 pastillas con la leyenda “Peppa Pig” de
distintos colores.
Se
comunicaron con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de
Villarrica, quienes sometieron los comprimidos a una prueba de campo y
comprobaron que se trataba de éxtasis.
El
paquete tenía como destino la Base Aérea de Chabunco. Para asegurar el
descubrimiento en flagrancia, el Ministerio Público autorizó el uso de
dos agentes encubiertos de la Brigada Antinarcóticos, quienes hicieron
un seguimiento del paquete.
En la tarde del 10 de febrero los agentes vieron la llegada del
imputado a la oficina de Correos Chile, ubicada en calle Bories. Cuando
retiró la encomienda y se subió a un vehículo, los funcionarios lo
arrestaron e incautaron la droga.
Berríos
Tolosa fue condenado en juicio abreviado el miércoles pasado. Aunque
arriesgaba tres años de cárcel, el tribunal consideró dos atenuantes que
le beneficiaban: colaboración con la justicia –por admitir su
responsabilidad en los hechos– y no tener antecedentes penales.
Por
ello, el juzgado decidió sustituir los años de cárcel por la libertad
vigilada intensiva. Durante tres años el Centro de Reinserción Social de
Gendarmería (CRS) debe monitorear el cumplimiento de la pena.
En
cuanto a la multa de casi 1 millón de pesos, el condenado tendrá la
posibilidad de pagarla en doce cuotas o sustituirla por prestación de
servicios comunitarios.