En
suspenso había dejado el juez de Garantía, Juan Villa, la resolución de
sobreseimiento definitivo que había solicitado latamente en la
audiencia del pasado martes 8 de septiembre, el abogado Hermes Hein
Aedo, hijo del ex asesor jurídico de la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa), Hermes Hein Bozic, siendo este último junto con
Katherine Urtubia Carrasco (ex jefa de Finanzas), Hugo Bizama Pommiez
(ex secretario general) y Gonzalo Pumarino Vargas, (ex jefe de
Planificación), imputados hace tres años como autores de los presuntos
delitos de distracción o desviación de fondos públicos y fraude de
subvenciones (en ese entonces).
La
decisión la comunicaría durante el transcurso de esta semana, sin
embargo, el escrito de doce páginas llegó por correo durante la jornada
de ayer a cada uno de los intervinientes en la referida causa, estimando
en el considerando N°16 que “las imputaciones sostenidas en contra de
los requeridos deben ser materia un juicio oral, público y
contradictorio, mismo en el que se deberá establecer la eventual
existencia de los delitos atribuidos y la participación de los
imputados, con conocimiento de todos los elementos de prueba que aporten
las partes”, razón por la cual desestimó la petición de sobreseimiento
definitivo.
Cabe
indicar que en este caso el Ministerio Público presentó un
requerimiento por el delito de malversación culposa en el que se dan a
conocer una serie de antecedentes en torno a la contratación que realizó
la Cormupa con Chileduc, un organismo asesor técnico en calidad de
proveedor para la ejecución de la implementación del rediseño y la
modificación de los estatutos de dicha entidad municipal, por un monto
que alcanzó los 23 millones 100 mil pesos.
Dicho
contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre
de 2013, entre la entidad municipal y la consultora Redess Ltda.,
consignándose que Chileduc habría recibido dos de tres pagos con fondos
que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial
(Sep), hechos que habrían sido perpetrados durante el período
comprendido entre los meses de octubre y diciembre del mismo año.
Pese
a lo resuelto por el magistrado, aún existe la posibilidad de que las
defensas interpongan un recurso de apelación ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas. En el caso de que el máximo tribunal
magallánico ratifique la decisión del juez de Garantía, ya está agendada
para el próximo viernes 30 de octubre una audiencia en la cual se leerá
el requerimiento y se les preguntará a cada uno de los imputados si es
que admiten responsabilidad o no. En el caso en que nadie admita (que es
lo que se espera), se agendarán dos audiencias: para preparar juicio, y
para la realización del mismo.