Por
los delitos de abuso sexual con contacto corporal reiterado y violación
impropia fue formalizado durante la mañana de este martes un sujeto de
37 años, quien fue acusado de cometer una serie de actos de carácter sexual en contra de la pequeña hija de su expareja, hechos que habrían ocurrido hace más de una década.
Al
respecto, la fiscal Wendoline Acuña relató que los hechos ocurrieron en
fechas indeterminadas entre el mes de abril de 2008 y el mismo mes del
año siguiente, cuando la víctima de entre 8 a 9 años a esa fecha, fue
agredida sexualmente por el conviviente de su madre, el imputado de
iniciales C.P.C. en dos domicilios de la ciudad de Punta Arenas, lugares
en los que vivieron juntos.
Según
detalló la persecutora, estos actos los ejecutaba el individuo por las
noches o cada vez que éste quedaba a solas con la niña, quien le
efectuaba tocamientos de significación sexual y otras prácticas y conductas más graves.
Estos
hechos habrían provocado en la víctima tendencias de aislamiento,
sentimientos de culpa, miedo, tristeza, alteraciones del sueño, entre
otras secuelas.
Al
respecto, la fiscal solicitó el encarcelamiento del sujeto, basándose
en un informe pericial psicológico en el que se daba cuenta del daño que
le habría causado a la víctima, además del testimonio que ésta
proporcionó cuando cumplió 18 años, momento en que interpuso la denuncia
ante la Policía de Investigaciones. Además dio a conocer las
declaraciones de la madre y de una amiga de la niña, a quienes les
reveló su experiencia, advirtiendo la madre de una serie de conductas violentas por parte del sujeto cuando éste convivía con ella.
Los argumentos de la defensa
Por
otra parte, el defensor se opuso a la medida cautelar de prisión
preventiva, manifestando que no estaba justificada la existencia de los
delitos, y que con la sola declaración de la víctima no bastaría para
acceder a lo solicitado, expresando que no habría ninguna prueba para
acreditar los cargos que se estaban imputando.
Aseveró
que la prueba pericial psicológica no tendría valor científico para
acreditar el delito al ser la psicología una ciencia social. Además se
defendió dando cuenta de la situación actual de la pandemia por el
Covid-19 y que enviar a su representado a la cárcel sería inseguro para
la salud del mismo. Al mismo tiempo, recordó el caso de la persona
formalizada la semana pasada, también por delitos sexuales pero en
contra de su hija biológica, la cual estaría prófuga de la justicia,
sugiriendo que “este exceso de recurrir a la prisión preventiva ya está
colocando hoy en entredicho de la sociedad la eficacia de la justicia”.
Tras
un extenso debate, el magistrado Cristián Armijo optó por no enviar a
la cárcel al imputado, argumentando que por los años que han
transcurrido, la libertad del imputado no sería un peligro para la
seguridad de la víctima, por lo que decretó el arresto domiciliario
total y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la
investigación.
Cabe señalar que pese a que el imputado
no tendría un vínculo directo con la menor de edad, el abogado defensor
Juan José Arcos solicitó al Tribunal la reserva de la identidad de su
representado, arguyendo que éste tiene un hijo que sería hermano de la
niña afectada. A esto se opuso la Fiscalía, pero el juez de Garantía
accedió a lo pedido.