Un hombre que fue torturado por agentes del Estado durante el Gobierno Militar será indemnizando
en 100 millones de pesos. Así lo resolvió el Tercer Juzgado de Letras
de Punta Arenas, que dio por acreditado el daño moral provocado.
La
víctima sufrió los apremios tenía 17 años y cursaba tercero medio en el
Liceo Industrial. En marzo del 1984, participó en una de las marchas
iniciadas tras el “Puntarenazo” en defensa de los Derechos Humanos.
La protesta fue desarticulada en la esquina de Martínez de Aldunate con Independencia. Carabineros detuvo al demandante a culatazos y lo subieron a un camión militar, donde fue nuevamente agredido.
Su
periplo terminó en la exCárcel Pública, donde estuvo recluido durante
tres semanas en una celda compartida con 15 personas. En su estadía fue
amenazado con ser enviado a Isla Dawson y con intimidaciones de índole
sexual.
El
demandante fue acusado de golpear a un carabinero, pero en la rueda de
reconocimiento no lo sindicaron como el agresor. Aunque recuperó su
libertad, el Liceo Industrial no le permitió continuar sus estudios de
mecánica por haber sido detenido. Recién obtuvo su enseñanza media a los
43 años.
Demanda
Con
el patrocinio del abogado Juan José Arcos, la víctima interpuso una
demanda en marzo de 2020 ante la justicia civil. Tras analizar la prueba
incorporada, el juez Cristián Toledo dio por acreditadas las torturas y fijó una indemnización de 100 millones de pesos.
“La situación
vivida por el actor configura una experiencia de trauma político. Se da
concretamente a través de los tratos inhumanos y degradantes, con
hacinamiento y condiciones indigna de estadía, insultos, amenazas
constantes configuran el ejercicio de torturas sicológicas padecidas por
el evaluado”, dice la sentencia.
El fallo aún no está ejecutoriado y podría ser objeto de recursos en tribunales superiores de justicia.