Tras
más de dos años de investigación, la Fiscalía presentó la acusación en
contra de Francisco Cárdenas Núñez, un joven de 25 años que lideraría
una banda dedicada al robo en casas del sector norte de Punta Arenas.
Las
indagatorias contemplan más de 83 carpetas, recaban una serie de
informes policiales, testimonios de víctimas y escuchas telefónicas.
“Los hechos dan cuenta de la existencia de una agrupación criminal de
naturaleza familiar”, adelanta la acusación.
Los robos
Según
la acusación, Cárdenas Núñez participó en cinco robos en parcelas
particulares y otro en las faenas de Villa Pudeto. El hijo de su
conviviente, Claudio Oñate Hernández, lo habría secundado en cuatro
ilícitos y arriesga 12 años de cárcel.
El botín de mayor cuantía se perpetró en febrero del 2020, en una casa
de Loteo Vrsalovic. Los dos acusados destruyeron el cierre perimetral de
madera e ingresaron por la ventana. Sustrajeron artículos electrónicos,
joyas y herramientas avaluadas en casi cinco millones de pesos.
Otro
robo ocurrió en Barranco Amarillo. Cárdenas Núñez y otro sobrino,
Francisco Sánchez Levipichún, forzaron la ventana de una casa y robaron
especies avaluadas en $3 millones. Los descubrieron a partir de la señal
de ubicación que emitió un iPod sustraído. Una persecución se desencadenó y el líder de la banda logró huir, pero el coautor fue capturado y hoy cumple una condena de cinco años de cárcel.
El
hecho de Villa Pudeto ocurrió el 29 de abril del 2020. Cárdenas Núñez y
Oñate Hernández habrían ingresado a la faena y robado puertas. Fueron
sorprendidos por el cuidador, quien los persiguió hasta el portón de
salida. Como estaba encadenado, los jóvenes huyeron a pie.
El
auto que quedó abandonado en las faenas era propiedad de Alicia Núñez
Hernández, la madre del líder. “Previamente concertada con su hijo,
facilita su vehículo para que lo utilicen como medio para cometer el
delito”, dice la acusación. Ella está acusada como autora del robo y
arriesga 541 días de cárcel.
Difícil de ubicar
Cárdenas
Núñez estuvo prófugo durante más de un año. La Brigada Investigadora de
Robos (BIRO) lo tuvo bajo la lupa desde octubre del 2019, pero cambiaba
continuamente de domicilios y protagonizó cinematográficas fugas.
En
febrero del 2020, un contingente policial se dirigió a Río Seco tras su
pista. En la Ruta 9 Norte se encontraron de frente con un vehículo
manejado por el sospechoso. Los funcionarios exhibieron sus placas, pero
el conductor aceleró la marcha y huyó hasta detenerse en una parcela.
Según la acusación, Cárdenas Núñez bajó del móvil y apuntó a los
funcionarios con una pistola, quienes respondieron con dos disparos al
suelo. El imputado dio media vuelta y huyó hacia los bosques; aunque lo
persiguieron, uno de los policías se lesionó un tobillo y lo perdieron.
Por
ese hecho, la fiscalía acusa al imputado por amenazas a funcionarios de
la PDI en ejercicio de sus funciones y piden una pena de 541 días de
prisión.
Otro
escape ocurrió en mayo del 2020, cuando el Ejército lo controló en
avenida Frei mientras regía el toque de queda. Mientras lo llevaban a
una carpa para ser controlado, aprovechó un descuido de los uniformados y
descendió hasta el Estero Bitsn. Se sumergió en sus aguas y se camufló
bajo una alfombra botada en la ribera.
“Me vi en la necesidad de robar”
Su
detención se concretó el 17 de febrero pasado, en una vivienda ubicada
en la Población Archipiélago de Chiloé. Días antes, la fiscal Rina
Blanco solicitó una orden de arresto verbal al tribunal: “Cárdenas Núñez
es una persona peligrosa al usar arma de fuego y es de difícil
ubicación, pues cambia constantemente de domicilios”, dice la petición.
El
acusado no opuso resistencia durante la detención. La PDI registró su
casa y encontraron una serie de especies sustraídas. En la noche, se
entrevistó por videoconferencia con la fiscal Blanco y reconoció su participación en los robos.
“Yo
me vi en la necesidad de robar, por cuanto recibí a tres sobrinos que
llegaron del Sename y no tenía cómo alimentarlos”, declaró ante la
persecutora. “He dejado de delinquir”.
Panorama judicial
Ante un eventual juicio oral, el Ministerio Público cuenta con 85 testigos para sentar en el estrado. El listado contempla a víctimas, personas que compraron las especies reducidas y funcionarios de la PDI.
También se cuenta con los análisis a los múltiples perfiles de Facebook
y celulares ocupados por Cárdenas Núñez y Oñate Hernández para vender
los bienes, además de planos de las casas donde ocurrieron los hechos.
En
su acusación, la fiscalía reconoce dos atenuantes al líder de la banda:
irreprochable conducta anterior y colaboración con la justicia. Sin
embargo, tanto a él como a su madre y su sobrino les perjudica la
agravante de “formar parte de una agrupación destinada a cometer
delitos”, como sostiene la Fiscalía.