Desde que se decretó en el país el toque de queda a raíz del estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, y posteriormente la cuarentena obligatoria para la comuna de Punta Arenas, se han evidenciado centenares episodios en la Región de Magallanes en que las personas han decidido no respetar lo establecido por la autoridad sanitaria infringiendo alguna de estas dos medidas restrictivas de libertad.
De estos, la gran mayoría ha sido aprehendida por las Fuerzas Armadas y de Orden Público, y sólo los casos de mayor connotación, como por ejemplo los reincidentes, han sido formalizados a través de la modalidad de videoconferencia, puesto que los tribunales del país no están operando de manera presencial.
Debido a aquello, a la fecha ya se contabilizan más de 300 audiencias pendientes, las cuales el Ministerio Público ya ha solicitado formalmente que se agenden para los próximos meses, con el objetivo de imputar cargos a estas personas, lo cual abultaría la agenda ya existente en los tribunales de la zona, principalmente en el de la capital regional.
El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, explicó a Pingüino Multimedia que las primeras audiencias ya se encuentran fijadas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a partir de la segunda quincena del mes de julio, y dado el gran volumen de causas que han motivado estas infracciones al Artículo 318 del Código Procesal Penal, se estima que el número de formalizaciones se prolongue hasta el mes de noviembre del presente año.
“A pesar de que serán más de 300 formalizaciones, sin duda que la situación de detenidos por estas conductas superaron las 500 infracciones y cada una de estas situaciones genera una causa en la Fiscalía que está siendo investigada. En este periodo hemos tenido varios casos de infractores reincidentes, respecto de los cuales, la mayoría de ellos ya fueron formalizados; tenemos imputados en prisión preventiva o con arresto domiciliario total, dando cuenta la Fiscalía de la gravedad de estas situaciones. Afortunadamente, el Tribunal ha compartido los criterios de estimar que estas conductas reiterativas claramente son un peligro para la seguridad de la sociedad y también ponen en riesgo la salud pública”, enfatizó el persecutor.
A la vez, avizoró que el hecho de que la agenda del tribunal se vea absorbida por este tipo de casos implicará que también se genere un impacto en los tiempos de tramitación de las demás causas existentes en ilícitos de distinta naturaleza, ya que –según dijo- “en circunstancias normales no teníamos este volumen de audiencias en la Fiscalía Local por este tipo de situaciones que son nuevas, nunca habíamos tenido causas de este tipo”.
De estos, la gran mayoría ha sido aprehendida por las Fuerzas Armadas y de Orden Público, y sólo los casos de mayor connotación, como por ejemplo los reincidentes, han sido formalizados a través de la modalidad de videoconferencia, puesto que los tribunales del país no están operando de manera presencial.
Debido a aquello, a la fecha ya se contabilizan más de 300 audiencias pendientes, las cuales el Ministerio Público ya ha solicitado formalmente que se agenden para los próximos meses, con el objetivo de imputar cargos a estas personas, lo cual abultaría la agenda ya existente en los tribunales de la zona, principalmente en el de la capital regional.
El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, explicó a Pingüino Multimedia que las primeras audiencias ya se encuentran fijadas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a partir de la segunda quincena del mes de julio, y dado el gran volumen de causas que han motivado estas infracciones al Artículo 318 del Código Procesal Penal, se estima que el número de formalizaciones se prolongue hasta el mes de noviembre del presente año.
“A pesar de que serán más de 300 formalizaciones, sin duda que la situación de detenidos por estas conductas superaron las 500 infracciones y cada una de estas situaciones genera una causa en la Fiscalía que está siendo investigada. En este periodo hemos tenido varios casos de infractores reincidentes, respecto de los cuales, la mayoría de ellos ya fueron formalizados; tenemos imputados en prisión preventiva o con arresto domiciliario total, dando cuenta la Fiscalía de la gravedad de estas situaciones. Afortunadamente, el Tribunal ha compartido los criterios de estimar que estas conductas reiterativas claramente son un peligro para la seguridad de la sociedad y también ponen en riesgo la salud pública”, enfatizó el persecutor.
A la vez, avizoró que el hecho de que la agenda del tribunal se vea absorbida por este tipo de casos implicará que también se genere un impacto en los tiempos de tramitación de las demás causas existentes en ilícitos de distinta naturaleza, ya que –según dijo- “en circunstancias normales no teníamos este volumen de audiencias en la Fiscalía Local por este tipo de situaciones que son nuevas, nunca habíamos tenido causas de este tipo”.