El matrimonio compuesto por Abramor González y Edita Ugarte interpuso una demanda en contra del Estado por las torturas que sufrieron durante la Dictadura Militar. Cada uno solicita una indemnización de prejuicios que asciende a los 600 millones de pesos por conceptos de daño moral.
Viejo dirigente del Partido Comunista, González –que hacía clases en la Escuela Industrial Superior Armando Quezada– fue quien sufrió los peores tormentos. El día del golpe de Estado lo retiraron funcionarios de la Fach en su domicilio. “Pude abrigarme y despedirme de mis niños antes de partir. Les dije que volvería pronto”, recuerda.
Primero lo trasladaron hasta la antigua Base de Bahía Catalina, donde lo raparon y encerraron en un contenedor de carga junto a otros dirigentes sociales. Después lo llevaron a un varadero de la Armada y lo embarcaron a una barcaza rumbo a la Isla Dawson.
González estuvo recluido en una barraca durante una semana. El 17 de septiembre lo trasladaron al Regimiento Cochrane de la Armada, donde estuvo hasta mediados de diciembre. “Era habitual que fuéramos obligados a caminar sobre las matas de calafate o en las letrinas”, dice el demandante.
Su siguiente parada fue el Estadio Fiscal de Punta Arenas, un centro de detención bajo el mando de la Fach. “Es aquí donde comenzó mi calvario”, dice González.
De acuerdo a la acción, la víctima fue forzada a desnudarse para ser sometidos a duchas de agua helada o lo más caliente posible. Una noche lo sacaron sin ropa y lo obligaron a arrastrarse por el suelo pedregoso mientras recibía patadas y culatazos de metralleta. De día lo hacían recorrer el velódromo o arrastrarse por su pista. A la hora del almuerzo, sus raciones incluían escupitajos de los celadores.
El demandante regresó en febrero al Regimiento Cochrane para ser enjuiciado. En ese contexto lo torturaron con electricidad para que revelase información de sus actividades en la Escuela Industrial.
En marzo lo condenaron a cuatro años de cárcel por delitos contra la seguridad interior del Estado. Cumplió su condena en la cárcel pública de Punta Arenas hasta 1976, cuando partió al exilio junto a su familia a Francia.
La demanda se extiende a los perjuicios sufridos por la esposa de González. Ella relata que fue torturada en los sótanos de la Clínica Dental de la Armada y en el antiguo Hospital Naval, conocido como el “Palacio de las Sonrisas”.
El matrimonio es parte del Listado de Prisioneros Políticos y Torturados que hizo el Ministerio del Interior el 2003. Solicitan que el Estado pague a cada uno 300 millones de pesos por concepto de daño moral.
La demanda está en curso en el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas desde el 25 de enero y el Consejo de Defensa del Estado ya está notificado.