Cuando
se origina una demanda, donde una institución, empresa o persona
natural sale condenada a pagar algún tipo de indemnización, este pago se
realiza directamente al Juzgado Civil, que a través de la recepción del
dinero, sea cual sea el monto, se encarga de realizar el pago a las
víctimas o perjudicados.
A
raíz de lo anterior, y debido a la pandemia, se han tomado una serie de
medidas a nivel nacional y regional. Entre ellas, pesó el cierre de los
Tribunales de Magallanes, hecho que ha derivado en el no pago de muchas
indemnizaciones, que se mantienen en el Tribunal.
Esto ha sido perjudicial para las personas que no han recibido sus ingresos.
Esto
fue expuesto por el abogado Juan José Arcos, quien indicó que en el
caso de algunos clientes, no han recibido cifras millonarias, algunos
bordeando los 200 millones de pesos, y al no recibir los pagos, se están
viendo perjudicados con la pérdida de intereses, al poder tener esos
dineros en una institución financiera o bancaria.
“El
problema se ha dado por una interpretación que están haciendo los
Tribunales, de acuerdo con los decretos económicos por la pandemia, pero
acá se genera un problema grave. Yo tengo cliente que tienen 200
millones en indemnizaciones y que están en el Tribunal para ser
cobradas, pero cuál es el problema, como los Tribunales no emiten los
cheques, mis clientes están perdiendo los intereses de eso, entonces ese
dinero no se reajusta, no obtiene intereses, y la pregunta es quién va a
pagar por eso, y en la ley que se dictó en ninguna parte decía que los
Tribunales tenían que dejar de pagar las indemnizaciones, y acá yo creo
que se están tomando una atribución que no tienen, que es no hacer los
cheques y están yendo más allá de la situación de cuarentena, y es un
tema que no es menor”, señaló Arcos.
El
abogado argumentó que es de plena responsabilidad del Tribunal realizar
el pago de estos documentos, y así las personas puedan obtener el
dinero que les pertenece.
“Ellos
no emiten los cheques y las indemnizaciones han sido pagadas y están en
la cuenta corriente del Tribunal, y eso me parece grave porque las
personas si no disponen de ese dinero, el poder adquisitivo baja, y en
su momento el Tribunal con el dinero se va desvalorizando. Uno
entendería esa situación, si el interés de ese dinero lo pagaría
alguien, y la pregunta es quién asumirá ese costo, porque el dinero
pierde el valor”.
Agregó
que, tras estos procesos, existe algo que muchas veces causa dolor a
las familias, y se busca indemnizar, y ahora, con lo que ha pasado, no
han podido recibir lo que realmente les pertenece, lo que genera un
perjuicio para ellos como afectados, señalando que el Tribunal, puede
estar yendo contra la Ley.
“Acá
lo que no puede pasar, en el caso nuestro, es una negligencia médica,
la justicia determinó que correspondía la indemnización, esta se paga, y
personas que han esperado años para una reparación, producto de
situaciones que han vulnerado sus derechos, ahora deban seguir esperando
porque los funcionarios no quieren hacer los cheques, incluso contra le
ley”, manifestó Juan José Arcos.
Agregó
que “en este caso existe un problema que se tiene que analizar, y a mi
modo de ver son los Tribunales que están cayendo en falta de servicio, y
en esa circunstancia los que deben responder por la pérdida de dinero
de los usuarios del sistema, que han sido víctimas muchas veces de
hechos delictuales esperan que se le pague la indemnización que el mismo
Tribunal decretó”.
Ahora,
dijo que realizarán las consultas respectivas, para ver si lo que está
aconteciendo se encuentra dentro de lo establecido por la autoridad,
principalmente para que las personas, además que sus clientes, puedan
recibir los pagos que se encuentran aún sin poder efectuarse, pese a que
las instituciones, empresas o personas demandadas, que han perdido los
actos judiciales, ya hicieron lo propio a las cuentas del Tribunal.
Cabe
señalar que serían varias las personas que se han visto afectadas por
este tipo de situaciones, y que la circular donde se les prohíbe
efectuar trámites a los funcionarios existe y fue emitida por la Corte
de Apelaciones, por lo que se mantiene detenido.