Por el delito de estafa
fue formalizada durante la mañana de ayer una mujer quien, según indicó
el Ministerio Público, compraba joyas con cheques que posteriormente
eran protestados por los diferentes bancos de la ciudad.
Al
respecto, el fiscal Sebastián González relató que el afectado en esta
causa es dueño de una joyería y relojería emplazada en calle Lautaro
Navarro, a la cual frecuentaba con habitualidad la imputada identificada
como Verónica Andrea Zapata Contreras, quien en sus visitas adquiría
diversas alhajas que pagaba con cheques de diversos bancos, de los
cuales era cuentacorrentista, aparentando ser una clienta responsable,
todo lo cual no era más que un engaño, ya que la adquisición de las
joyas no tenía otro fin más que defraudar a la víctima.
Fue
así que el pasado 11 de septiembre de 2017, compró diversas joyas por
un valor de $4.214.000, las cuales pagó con cheques a fecha y el 16 de
marzo de 2018 adquirió otra importante cantidad de los mismos elementos
por un valor de $9.527.500, también efectuando el pago de la misma
forma.
Al
intentar su cobro por parte del afectado, se llevó la desagradable
sorpresa que todos los documentos fueron protestados por orden de no
pago, debido al robo de los cheques según los protestos respectivos.
Ante
tal situación, se le ofreció a la imputada cancelar la deuda mediante
la devolución de las alhajas adquiridas, a fin de saldar su deuda con la
víctima, oferta que ésta declinó tajantemente porque ya se encontraban
empeñadas ante la Dirección de Crédito Prendario, institución que le
otorgaba préstamos de dinero por las especies, quedando éstas en prenda
hasta la devolución del dinero facilitado, el cual nunca devolvió.
Se
indicó además que producto de esta situación, muchas de las joyas
fueron rematadas según la operatoria del organismo crediticio, y de este
modo, aparentando ser una clienta habitual de la joyería, engañó al
dueño de la misma.
Debido
a lo anterior, el persecutor solicitó imponer la medida cautelar de
arraigo nacional, a lo cual accedió el magistrado Franco Reyes, quien
estableció un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.