El Juzgado de Letras de Porvenir condenó a la municipalidad de la comuna a pagar a un empleado público una indemnización de más de 4 millones de pesos por conceptos de daño emergente y daño moral. Esto, por un vehículo que se encontraba en los corrales fiscales por una multa en la comuna de San Bernardo, la que había sido cancelada con anterioridad. Fueron los daños que el móvil sufrió en el predio municipal los que llevaron a su propietario a entablar una demanda.
En una primera instancia, la Municipalidad de Porvenir apeló al fallo mediante un recurso, el cual fue desestimado por el tribunal.
El demandante expuso que con fecha 12 de septiembre del 2022 fue fiscalizado por Carabineros, encontrándose en su vehículo marca Ford modelo Fiesta.
Añade que su vehículo en esos momentos se encontraba con los papeles vencidos, ya que desde el año 2017 mantenía un parte empadronado de la autopista de la Comuna de San Bernardo, el cual fue cancelado en septiembre del mismo año, en el Juzgado de Policía Local de Porvenir, el cual nunca fue borrado del sistema. El demandante fue en reiteradas ocasiones a dicha oficina para buscar solucionar y regular la situación. Inclusive -expuso- viajo exclusivamente hasta Santiago para poder acreditar que el parte estaba pagado.
En el documento se cuenta que, en relación de causalidad, consta que el incumplimiento de la demandada, al mantener en forma deficiente el aparcadero municipal, posibilitó y facilitó que ocurrieran los daños en el vehículo del trabajador público, los que son denunciados en la causa, siendo origen de los perjuicios sufridos por el demandante.
“Constatada la responsabilidad de la demandada y acreditado el dado, no es posible asegurar que éste debe ser reparado de manera integral, por lo que las sumas concedidas deben pagarse reajustadas según el IPC más intereses, desde que esta sentencia se encuentre a firme”, sostiene el fallo.
Finalmente, el fallo concluyó que se acoge la demanda interpuesta por el empleado público en contra la municipalidad de Porvenir, condenando al pago de $3.500.000 por concepto de daño emergente, y $1.000.000 por daño moral.