Hace unos días se dio a conocer que el próximo 14 el mayo el
alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el secretario general de
la Corporación Municipal, Segundo Álvarez, serían formalizados para
darles a conocer el inicio de una investigación por el presunto delito
de apropiación indebida de dineros del área de educación de la Cormupa.
Lo
anterior, derivado de denuncias presentadas durante el año 2015 en
contra del exalcalde Emilio Boccazzi Campos, debido a créditos impagos
de los trabajadores y de las cotizaciones previsionales.
Ante lo anterior, Radonich sería formalizado por presuntos delitos cometidos en la anterior administración.
Debido
a lo anterior es que el Sindicato de los Asistentes de la Educación,
presidido por Javier Quintul, mismo timonel que interpuso la denuncia en
2015, se refirió a los hechos y aclaró que cuando ellos interpusieron
la denuncia era para culpar a Emilio Boccazzi y a la exsecretaria
general de la Cormupa Cristina Sussi.
Ante
lo anterior, el presidente expresó que “el Sindicato de Trabajadores de
Asistentes de la Educación Nº 1 en el año 2015, en su oportunidad se
querelló contra el exalcalde Emilio Boccazzi Campos y Cristina Sussi
Garrido, como secretaria general, en tanto dichos graves incumplimientos
importaban además una grave afectación a los derechos fundamentales de
los trabajadores y trabajadoras asistentes de la educación, que no han
podido acceder a créditos sociales ni a prestaciones médicas regulares”.
Quintul expresó que “efectivamente, la actual administración pagó
deudas contraídas con anterioridad y hasta la fecha no ha podido
regularizar del todo dicho déficit. No obstante, se compensó al
sindicato recurrente con la suma de $13.500.000, que percibió la actual
directiva del sindicato Nº 1, dado que el sindicato Nº 2 corresponde a
un grupo de trabajadores disidentes que constituyó un nuevo sindicato”.
El
dirigente agregó que “es por ello que nos oponemos a que las acciones
judiciales iniciadas en su oportunidad en contra de quienes provocaron
el déficit institucional, hoy se instrumentalicen en perjuicio de
quienes son los continuadores legales de una administración que nos
ocasionó tan graves perjuicios, dado que paradójicamente quienes pagaron
las deudas de los créditos correspondientes a los meses de noviembre de
2015 y siguientes fueron quienes hoy tienen la calidad de imputados”.
Finalmente,
Quintul expresó que “repudiamos el uso electoral, político y
oportunista de acciones que en su oportunidad iniciamos sin más apoyo que el de nuestros propios afiliados”.