La investigación que
lidera el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, sobre el
millonario desfalco en los caudales públicos de Carabineros sumó un
nuevo antecedente. Ayer, 10 civiles fueron formalizados por actuar como
testaferros de familiares o conocidos de funcionarios ya acusados.
El
Ministerio Público les comunicó que serían investigado por lavado de
activos. Según los antecedentes de la formalización, fueron
destinatarios de los fondos que sustraían uniformados encargados de
administrar las cuentas institucionales. De este modo, habrían
dificultado la trazabilidad de los dineros desviados.
“Luego de ser reclutados por diferentes miembros y líderes de la
organización criminal investigada, pusieron sus productos bancarios a
disposición de los miembros de la organización para que se llevasen a
cabo los actos de sustracción de caudales públicos”, dijo la fiscal
Karina Guajardo.
El
Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó que los diez imputados
cumplan con dos medidas cautelares: arraigo nacional y prohibición de
comunicarse entre ellos.
La
Fiscalía calcula que se han desfalcado más de 28.348 millones de pesos
de las arcas institucionales. El caso se encuentra a espera de juicio
oral.